La Defensoría del Pueblo exigió al fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, procesar y sancionar al fiscal de Distrito de Potosí, José Luis Barrios, y dos de sus colaboradores por maltrato, violencia psicológica y acoso laboral contra trabajadoras de esa institución, quienes temen –añadió- que el caso quede en la impunidad.
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, informó que la institución verificó la existencia de “maltratos, violencia psicológica y laboral” contra dos funcionarias de la Fiscalía que denunciaron esos extremos. “Se tiene que sancionar esos hechos de vulneración de derechos humanos sin proteger a ninguna persona, así se trate de autoridades”, añadió.
El caso se remonta a junio, cuando dos funcionarias de la Unidad de Protección y Atención a Víctimas y Testigos (UPAVIT) acusaron a un fiscal de materia y a su auxiliar legal de varios actos de violencia, entre ellos el haber comparado a esa repartición con un lenocinio. Además denunciaron maltratos y aclararon que permanecieron calladas por temor a perder su fuente laboral.
También fueron pegados afiches con imágenes y frases denigrantes que hacían alusión a las dos servidoras, quienes presentaron una queja ante Berrios, quien no obstante haberse verificado el origen de ese material en la computadora de uno de los sindicados, no tomó acciones disciplinarias y, por el contrario, amenazó a las denunciantes y sugirió que renuncien acusándolas de impulsar un complot en su contra.
El Fiscal de Distrito además, según la Defensoría, habría advertido con tomar acciones en contra de quienes hablen con las dos denunciantes, lo que derivó, según los testimonios recogidos, a que el 90% del personal de la Fiscalía no les dirija la palabra y que una de ellas sea excluida de sus actividades laborales.
La representante de la Defensoría en Potosí, Jackeline Alarcón, indicó que la investigación evidenció serios indicios que en la Fiscalía de Potosí existe maltrato, violencia sicológica y violencia laboral, especialmente contra las servidoras, presuntamente generada por los acusados.
“Debemos recordar que todos los delitos de violencia en contra de la mujer son de acción pública y deben ser investigados de oficio por parte del Ministerio Público”, explicó Alarcón.
Villena instruyó un seguimiento del caso y pidió a las autoridades y, especialmente, al Fiscal General, que se realice una investigación exhaustiva, transparente, imparcial y urgente que “sancione y detenga estos hechos de vulneración de derechos humanos sin proteger a ninguna persona, así se trate de autoridades”.
Debido a las denuncias, se inició un proceso disciplinario contra Berríos, una fiscal de materia y otro servidor público por ejercer maltrato, violencia sicológica y acoso laboral, sin embargo las denunciantes temen que se intente proteger a las autoridades dejando en la impunidad el caso por lo que pidieron a la Defensoría del Pueblo que acompañe el proceso para vigilar que se cumpla la Ley.
