La evasión de impuestos por bebidas alcohólicas ilegales en el país alcanza a $us 380 millones por año, según establece el estudio “El costo del comercio ilícito de bebidas alcohólicas” realizado por el economista José Gabriel Espinoza. De acuerdo con el analista, ese dinero hubiese permitido la construcción de unos 22 hospitales de tercer nivel.
“Nuestras estimaciones sugieren que el mercado ilegal de alcohol en Bolivia mueve alrededor de 380 millones de dólares al año, lo que equivale 20% del total del mercado de alcohol en el país”, sostiene el autor de la investigación.
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Con el dinero que el Estado boliviano dejó de percibir en los últimos siete años por efecto del comercio ilegal de bebidas alcohólicas, pudo haberse construido 22 hospitales de tercer nivel, cada uno con 200 camas, según establece el estudio.
El mercado ilícito de bebidas alcohólicas incluye al contrabando, las falsificaciones y también la producción ilegal o fuera de norma, aunque el estudio establece que el 75% de este mercado está compuesto por mercadería de contrabando y el 25% restante corresponde a falsificaciones y producción fuera de la ley.
Las principales bebidas internadas ilegalmente al país por la vía del contrabando son la cerveza y el vino, con una afectación directa a la industria nacional, mientras que las falsificaciones o la producción ilegal pasan más bien por bebidas con alta graduación alcohólica, como los destilados, de acuerdo al estudio.
El informe estima que con los 22 hospitales se pudo abarcar la cobertura del Sistema Universal de Salud (SUS) para que llegue a cada boliviano o boliviana, porque con el incremento se hubiese alcanzado al indicador de los organismos internacionales que recomiendan que exista una cama de hospital disponible por cada 1.000 habitantes.
Alternativamente, el presupuesto para equipamiento y medicamentos distribuidos por el SUS pudo haberse triplicado en los últimos siete años, ya que en la actualidad las asignaciones presupuestarias del nivel central de Gobierno alcanzan a los $us 105 millones, y podrían llegar a más de $us 331 millones.
Si trasladamos las cifras a los recursos humanos tan necesarios (y demandados) en el sector salud, la evasión le cuesta al país la creación de 730 ítems cada año, personal que podría mejorar sustancialmente la atención de la población asegurada en el SUS.
Afectación
Si trasladamos la pérdida fiscal del alcohol ilegal al campo de la educación, en los últimos siete años el Estado pudo haber incrementado la dotación de ítems para este sector en más de 42.000 puestos, que eventualmente cubrirían las necesidades de docentes, por cada estudiante matriculado, según los estándares internacionales y lo haría de manera muy holgada.
Solo en el nivel inicial de educación sería posible alcanzar los 14 alumnos por profesor en aula, mientras que hoy día tenemos un poco más de 31 niños en cada aula de la educación inicial por cada docente.
Si es que se decidiera pagar el Bono Juancito Pinto con los recursos provenientes de la pérdida por el mercado ilegal de alcohol, los recursos alcanzarían para cubrir incluso hasta un 44% del bono, o, alternativamente, incrementar el bono otorgado a los estudiantes en un 40% sin afectar ninguna otra cuenta fiscal.
De no existir el mercado negro de bebidas alcohólicas, en el último septenio pudieron haberse financiado, en promedio, 1.700 proyectos nuevos de mejoramiento vial consistentes en enlosetado de vías, canalización de torrenteras y mejoramiento/equipamiento municipal, como plazas y parques públicos.
