El Gobierno británico pidió ayer a Irán que “deje de aplicar” la pena de muerte tras el ahorcamiento, la madrugada del sábado, de la joven iraní Reihané Yabarí, por matar a un hombre que intentaba violarla, pese a una intensa campaña internacional para evitar la ejecución.
Organizaciones en favor de los derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como la Unión Europea, pidieron la anulación de la sentencia, al considerar que el juicio no ofreció garantías, y más de 240.000 personas firmaron una carta impulsada por la plataforma Avaaz para solicitar la suspensión de la ejecución al entender que la joven “actuó en defensa propia”.






