Los jueces del tribunal 1º de Sentencia de la ciudad de La Paz, que atienden el caso Terrorismo, comparecerán ante la Fiscalía de Santa Cruz para responder a la denuncia de prevaricato y retardación de justicia.
Los jueces técnicos Sixto Fernández, Elena Gemio y las dos juezas ciudadanas que conforman el Tribunal 1º de Sentencia, ayer fueron notificados por investigadores de la Fiscalía cruceña. Las autoridades judiciales evitaron referirse al tema en cuestión.
La denuncia por prevaricato y retardación de justicia fue interpuesta por el coimputado Ronald Castedo. El abogado de la defensa, José Hoffman, explicó que el proceso que se sigue al Tribunal por prevaricato, “resoluciones contrarias contra la Constitución y las leyes”, se amplió a la querella por “retardación de justicia”, pues el caso está por cumplir cinco años.
El fiscal de materia Ángel Álvarez será el encargado de recibir las declaraciones informativas de los jueces técnicos y ciudadanos en la mañana de este miércoles.
Castedo, expresidente de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas), es uno de los 21 acusados en el caso Terrorismo que asisten a la audiencia de juicio oral que se realiza en Santa Cruz con jueces de La Paz.
El abogado Hoffman indicó que la denuncia contra los magistrados se basará en la lentitud del proceso, a punto de cumplir cinco años. Hasta el momento no existe una sentencia, cuando la norma establece que pasados los 36 meses el proceso debe extinguir.
En el caso, los acusados Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza lograron su traslado hasta el penal de Palmasola de Santa Cruz, después de permanecer más de cuatro años en una cárcel en La Paz. Su defensor, Edson Rojas, señaló que sus patrocinados “se encuentran afectados por un mal cardiaco y eso fue entendido por los juzgadores que autorizaron el traslado”.
Hoy a partir de las 09.30 se reinstalará el juicio oral con la continuidad de la defensa material de Juan Carlos Guedes, quien es el cuarto en declarar de una lista de 21 acusados.
Guedes, reiteró que no tiene ninguna vinculación con los hechos y que la Fiscalía no tiene pruebas en su contra. “Mi detención es ilegal porque no existe una sola prueba en mi contra, de que yo haya proveído de armas a la supuesta organización terrorista montada por el Gobierno”, dijo.
