Bolivia es el quinto país más seguro de Sudamérica, según el Índice Global de Paz 2023 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). El Gobierno tiene un Plan Sectorial de Seguridad Ciudadana hasta 2025, que se sostiene en cinco pilares.
El IEP es un centro de pensamiento internacional e independiente dedicado a cambiar el enfoque del mundo sobre la paz, y trabaja con decenas de entidades del mundo, entre ellas Naciones Unidas. En su índice, Bolivia acumula 2.001 puntos y aunque bajó un escalón con respecto a 2022, sigue en la media de naciones seguras de la región.
El primer lugar entre los sudamericanos es para Uruguay, con 1.798 puntos, le siguen Argentina (1.837) y Chile (1.784) en el podio.
Paraguay es el cuarto (1.942). Y por debajo de Bolivia aparecen Ecuador (2.095), Perú (2.130), Brasil (2.462), Venezuela (2.693) y Colombia (2,963), siendo estos últimos los países menos seguros.
MUNDO. De acuerdo con el IEP, Islandia se erige como el Estado con mayor seguridad del planeta, la nación insular nórdica acumula 1.124 puntos. Dinamarca (1.310) e Irlanda (1.312) le escoltan. Completan el top 10 Nueva Zelanda (1.313), Austria (1.316), Singapur (1.332), Portugal (1.333), Eslovenia (1.334), Japón (1.336) y Suiza (1.339). Bolivia se encuentra en el peldaño 78 a nivel mundial, entre 163 países.
Afgani stán (3.348), que atraviesa una crisis humanitaria y de desplazamiento con más de 900.000 exiliados dentro de su territorio desde 2021, quedó en el último lugar de este índice internacional.
El IEP señala en su informe de 2023 que la paz sufrió deterioros en el último tiempo. “El menoscabo de la paz se debió principalmente al aumento de conflictos en curso, muertes por problemas internos, relaciones con los países vecinos y conflictos externos”.
El documento indica que el mundo se volvió mucho menos pacífico por décima tercera vez en los últimos 15 años. El nivel medio de paz se deterioró en 0,42% la pasada gestión. Asimismo, en total, la paz mejoró en 84 países y empeoró en 79, y el informe remarca que las caídas en la paz son generalmente mayores que las mejoras. Afganistán (3.348), Yemen (3.350) y Siria (3.294) repiten como los tres países menos seguros. En este listado, la guerra les pasó factura a Ucrania y Rusia, que bajaron en su índice y ocupan los sitiales 157 y 158, respectivamente. Otras naciones que cayeron en la evaluación son Haití (129), Israel (143) y Mali (153).
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Para medir la seguridad en los Estados, el IEP califica a 163 naciones según su grado de conflictividad. El índice tiene varios usos, entre ellos elegir destinos turísticos y empresariales. En los parámetros analizados se encuentran tres grandes categorías: el nivel de seguridad y protección de la sociedad, el alcance de las dificultades domésticas e internacionales, así como la militarización.
Estas temáticas, a su vez, se dividen en 23 indicadores cuantitativos y cualitativos que otorgan un dato numérico a cada país. En su listado, el IEP clasifica a las naciones por grupos: muy alto, alto, mediano, bajo y muy bajo. Bolivia fue incluida en el segmento de los Estados con “seguridad media”.
La Razón intentó contactarse con el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, para conocer los planes gubernamentales en su ámbito, empero, no se lo pudo contactar telefónicamente y su departamento de comunicación no pudo gestionar la entrevista por motivos de agenda.
Anteriormente, Ríos indicó que la nueva política denominada “Plan Sectorial de Seguridad Ciudadana 2021-2025”, rumbo al Bicentenario, se apoya en cinco pilares, entre los que están la modernización de la Policía Boliviana y el régimen penitenciario.
Los cinco lineamientos son: fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana; reducción de riesgos y fortalecimiento de medidas de protección contra el delito y la violencia; modernización de la Policía Boliviana y la consolidación de la desconcentración de servicios policiales y no policiales; integración del sistema nacional de comando y control BOL-110; y modernización del sistema penitenciario del país.
A partir de esta nueva política estatal trazada en 2020, desde 2021 se aplica un enfoque de prevención, en vez de uno de represión.
