Organizaciones civiles denunciaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la vulneración de los derechos humanos de los privados de libertad por factores como hacinamiento y la vigencia de una estructura jurídica penal punitiva reflejada en hechos como la solicitud de la detención preventiva en 80% de audiencias de medidas cautelares. El Estado boliviano invitó al Relator del organismo a visitar Bolivia por esta temática.
La Fundación Construir, Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC), Fundación La Paz, Pastoral Social Caritas Bolivia y Proggeto Mondo MLAL formaron parte de la organización que hizo conocer ayer en el organismo internacional la vulneración de derechos humanos de la población carcelaria. Informó que los privados de libertad superaran las 14.000 personas.
El embajador en la Organización de Estados Americanos (OEA), Diego Pary, estuvo en la audiencia y aseguró que el Estado tomó la decisión de mejorar la problemática carcelaria. Recordó que una muestra es la aprobación y ampliación de la ley del Indulto y la inauguración de la cárcel modelo de Calahuma, como ajustes en la normativa jurídica penal.
Los peticionarios expusieron que un monitoreo del sistema de audiencias de medidas cautelares demostró que en el 80% de los casos la Fiscalía pide la detención preventiva, independientemente de los delitos. La situación se agrava en Santa Cruz, donde ese porcentaje sube a 96%, y en El Alto al 94%.
“Hay un hacinamiento de 295% sobre las capacidades instaladas”, explicó Susana Saavedra, parte de las organizaciones civiles. También se informó que por cada 7.136 presos hay un psiquiatra, por cada 2.379 un cocinero; por cada 1.784 un odontólogo; por cada 1.189 una trabajadora social; por cada 1.098 un abogado y por cada 1.019 presos un médico.
“De modo que las condiciones de detención violan completamente los derechos humanos”, afirmó Saavedra.
La retardación de justicia y la corrupción también fueron identificadas como factores de la vulneración de derechos en las cárceles. Plantearon al Estado, a través de la CIDH, fortalecer el sistema de los operadores de justicia, la independencia judicial, la formación de fiscales, de defensores públicos y crear, entre otros aspectos, un instituto penitenciario.
El Subprocurador Pablo Menacho, representante del Estado, destacó que la recientemente promulgada ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal contribuirá a agilizar la resolución de causas porque, entre otras iniciativas, anuló las vacaciones colectivas, establece sanciones por retardación de justicia, y agiliza los procesos en casos de flagrancia.
Pary invitó al Relator de la Comisión a visitar Bolivia para evaluar los avances y hacer recomendaciones sobre la situación carcelaria.
La Defensoría del Pueblo también denunció, en otra audiencia, la violación de derechos humanos en las Fuerzas Armadas y la Policía. Reportó la muerte de 32 personas en recintos militares.
Saavedra explicó que la justicia tiene una característica punitiva antes que restaurativa.
