El ex fiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza Álvarez, no se presentó hoy a declarar ante la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz y por el contrario envío un memorial pidiendo se deje en suspenso las investigaciones del caso extorsión, mientras no se resuelva la recusación planteada contra el juez de la causa, por lo que la parte denunciante anunció que pedirá mandamiento de aprehensión contra la ex autoridad.
Soza fue citado para este viernes a las 16:00 horas, a objeto de prestar una declaración informativa, dentro el caso de extorsión, uso indebido de influencias y otros, denunciado por la senadora opositora Carmen Eva Gonzales, luego de conocer un audio donde el ex fiscal revela el funcionamiento de una red de extorsión que posteriormente lo implicó a él.
En un escueto memorial entregado a través de sus abogados, señala al fiscal anticorrupción que tiene pendiente de resolución una recusación planteada en contra del Juez 11 de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, y considera que en tanto no se defina el incidente, la fiscalía no tendría control jurisdiccional, bajo advertencia de actividad procesal defectuosa.
Por su lado, el abogado de la senadora, Williams Vilar, lamentó la actitud dilatoria del ex fiscal y anunció que no habiéndose presentado tal como dice la orden de citación, el próximo lunes solicitarán al Ministerio Público se libre la orden de aprehensión contra Marcelo Soza, debido a que asumió una posición de obstaculizar la investigación.
Denunció que la intención del denunciado es trasladar el caso a la ciudad de La Paz, donde tendría mayores posibilidades de dilatar el proceso que emergió luego del descubrimiento de aquel audio en poder de la Fiscalía de La Paz, en el que Soza relata las acciones de una red de extorsión que derivó en la detención de tres abogados del Ministerio de Gobierno.
Gonzales acusa al ex fiscal de haber sido partícipe de esa red, y siendo el principal investigador del caso terrorismo, habría cobrado dinero a cambio de sobreseer a líderes cívicos y empresarios cruceños opositores al actual gobierno. Uno de los denunciantes, junto a Gonzales, es el exprefecto de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, quien declaró que pagó 50 mil dólares para que su hijo no fuera imputado, al que en los hechos no ocurrió.
Marcelo Soza fue notificado el miércoles por los investigadores de la Fiscalía de La Paz, con un cedulón pegado en el acceso principal de su vivienda, ubicada en la zona de Sopocachi de La Paz, a donde los notificadores llegaron luego de varios operativos de búsqueda, debido que el principal sospechoso rehuyó indicar su domicilio real.
De hecho en el memorial presentado ayer en Santa Cruz tampoco señala domicilio procesal ni real, aspecto que fue observado por la parte denunciante que alista memorial para solicitar la aprehensión. Junto a Soza es también investigado su abogado, Moisés Ponce de León, acusado por varios testigos de ser intermediarios de las acciones de extorsión.
Al igual que Soza, Ponce de León elude proporcionar a la Fiscalía un domicilio real en La Paz o uno procesal en Santa Cruz, supuestamente para evadir las notificaciones de la fiscalía. Ponce desconoce también la competencia y jurisdicción de la fiscalía cruceña para conocer el caso extorsión y prefiere declarar en La Paz.
El abogado Vilar considera que ambos asumieron una actitud dilatoria ante la falta de argumentos para asumir defensa, debido a que ya son ocho los testigos que indican que tanto Soza como Ponce de León, son actores principales de hechos de extorsión a los actuales procesados del caso terrorismo.
