Bolivia y los juicios internacionales que enfrenta por las nacionalizaciones de empresas en la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya pueden ser objetados después de un fallo, afirmó Hugo Montero, procurador general del Estado, en el programa Estamos a Tiempo.
El Procurador habló sobre el caso de Rurelec PLC, una empresa británica que capitalizó a la Empresa Guaracachi SA (EGSA) en los años 90 hasta la nacionalización de 2010.
“He visto en medios que el Tribunal (de Arbitraje) declaró ilegal la nacionalización y eso es absolutamente falso. De las 218 páginas (de la demanda) no se cuestiona la legalidad de la nacionalización, es más, como amparo de demanda, establece que el Estado tiene el derecho y facultad soberana de nacionalizar cualquier inversión y cualquier empresa, y recuperarla para el control del Estado”, explicó.
Montero ratificó que sostener un arbitraje cuesta entre $us 2 millones y $us 3 millones. Además, dijo que Rurelec pretendía una indemnización de $us 142 millones que fueron objetados.
“Pusimos una audiencia y el tribunal falló y estableció que el ente del Estado tenía razón y no correspondía pagar esa suma tan elevada porque la empresa no invirtió esa cantidad, y se dictó un monto establecido en $us 28 millones”.
El Procurador General del Estado indicó que “este fallo puede ser objeto de recursos en un plazo de 30 días. Se puede conseguir rebajas por errores de esa naturaleza. Incluso podemos iniciar una demanda de nulidad”. El programa es una iniciativa de La Razón, Instituto Prisma y Cadena A, y se emite el sábado a las 16.30 y domingo a las 18.00.
