Una nueva multitudinaria protesta en México por la presumible masacre de 43 estudiantes acabó con actos vandálicos, al cumplirse ayer dos años de la presidencia de Enrique Peña Nieto en medio de la peor crisis de su gobierno y una fuerte pérdida de popularidad.
Con motivo del aniversario, decenas de marchas fueron convocadas en todo el país para exigir al gobierno que encuentre a los jóvenes desaparecidos en septiembre en Iguala (Guerrero, sur), un crimen que el propio Peña Nieto reconoció este lunes que ha marcado «un antes y un después» de su presidencia (2012-2018).
En la capital, miles de mexicanos marcharon pacíficamente entre gritos que pedían la renuncia del mandatario.
«Este es uno de los peores gobiernos que ha tenido México», dijo a la AFP Juan, un obrero de 59 años, entre los cánticos de «Fuera Peña».
«Me pongo en el lugar de esas madres que no saben de sus hijos y es duro, es difícil, es doloroso. íYa basta!», exclamó Reina Cruz, de 66 años.
Al término del mitin con el que concluyó la marcha ya de noche, decenas de encapuchados armados con palos y bates de béisbol destrozaron fachadas de numerosos comercios y bancos del emblemático Paseo de la Reforma; arrojaron cócteles molotov dentro de los locales e hicieron fogatas en las calles.
Centenares de policías antimotines arribaron a la zona para evitar que manifestantes llegaran a la sede del Senado. Un portavoz del gobierno capitalino dijo a la AFP que fueron detenidos tres hombres de 17, 18 y 19 años.
En Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del Libro, escritores como el chileno José Donoso y el mexicano Juan Villoro encabezaron una marcha también en protesta por la desaparición de los estudiantes.
«YA NO LE RECONOCEMOS»
Los estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre después de ser atacados por policías de Iguala que presuntamente obedecían órdenes de su alcalde. Después los agentes entregaron a 43 sobrevivientes a sicarios del cártel Guerreros Unidos que, según declaraciones de detenidos, los habrían asesinado e incinerado. Ante la falta de pruebas científicas, los padres se aferran a la idea de que están vivos y exigen al gobierno redoblar la búsqueda.
«Vamos a buscarlos, vamos a encontrarlos», dijo en la capital Clemente Rodríguez, cuyo hijo Cristian está entre los desaparecidos.
«íNo están solos!», clamaron entonces los manifestantes en su apoyo.
Miles de mexicanos más protestaron en otros puntos, pero las más fuertes se registraron en Chilpancingo, capital de Guerrero, donde un grupo de manifestantes saqueó las oficinas de la fiscalía estatal e incendió cinco vehículos, dos de ellos policiales.
«Nosotros ya no reconocemos como presidente de México a Enrique Peña Nieto porque no ha resuelto nuestra demanda central de presentación con vida de nuestros hijos», subrayó Felipe de la Cruz, vocero de las familias.
En Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del Libro, escritores como el chileno José Donoso y el mexicano Juan Villoro encabezaron una marcha también en protesta por la desaparición de los estudiantes.
La fiscalía ha enviado algunos restos calcinados que encontró en la zona a un prestigioso laboratorio de Austria para su identificación.
En la turística ciudad de Oaxaca (sur), unos 1.500 maestros y estudiantes provistos de palos y piedras bloquearon por cuatro horas accesos al aeropuerto y dos vuelos fueron cancelados.
FUERTE CAÍDA DE POPULARIDAD
El diario Reforma publicó este lunes una encuesta que indica que la aprobación de Peña Nieto se redujo entre agosto y finales de noviembre del 46% al 39%, mientras que otra del diario El Universal señaló una reducción del 46% al 41%.
Se trata del nivel de popularidad más bajo de un presidente mexicano desde mediados de la década de los noventa, durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), cuando México atravesaba por la crisis económica conocida como «Efecto Tequila».
El crimen de Iguala, uno de los peores de la historia reciente de América Latina, ha generado una indignación sin precedentes en el país, hastiado de años de violencia.
Este mismo lunes, Peña Nieto envió al Congreso un paquete de reformas constitucionales en materia de seguridad para enfrentar la infiltración del narcotráfico.
Entre las propuestas está el reemplazo de los más de 1.800 cuerpos de policía municipal por fuerzas únicas de cada uno de los 32 estados y la autorización a su gobierno para disolver cualquier ayuntamiento ante «indicios suficientes» de infiltración.
«Lo ocurrido en Iguala está claro que marca un antes y un después (…) Evidenció la debilidad institucional para hacer frente al crimen organizado, hoy en mayor número, armas y capacidades de fuerza de las del pasado», dijo el mandatario durante una entrega de viviendas en el estado de Chiapas (sureste).
El plan de seguridad de Peña Nieto ha generado escepticismo entre analistas y defensores de Derechos Humanos que creen que resultará insuficiente para acabar con la corrupción y los abusos de fuerzas de seguridad que participan en el combate al crimen organizado, que ha dejado más de 100.000 asesinatos y desapariciones desde 2006.
Peña Nieto, que no se puede presentar a la reelección, había puesto hasta ahora el foco de su gobierno en sus ambiciosas reformas económicas. Estas inéditas iniciativas, especialmente la que abrió el nacionalizado sector petrolero a la inversión privada, le granjearon reconocimientos en el extranjero.
