La Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores recolectará información sobre el desminado que realiza Chile en la frontera con Bolivia, que solo llegó a 25%. Luego analizará si solicitará un informe oral o escrito al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre este tema.
Esta afirmación corresponde al presidente de la citada comisión, Ignacio Mendoza, tras la publicación del Informe La Razón, ayer, donde se sostiene que Chile solo desactivó el 25% de los explosivos plantados en la zona fronteriza, además de que los chilenos desconocen el paradero exacto de más de 9.000 minas antipersonales.
Mendoza afirmó a este diario que la Cancillería deberá tomar acciones, una vez que se compruebe la veracidad de la información que tiene que ver con temas geopolíticos, alcances fronterizos y con relaciones internacionales en general.
Trabajo. “Primero vamos a recabar la información y, en función a la posición oficial que adopte la Cancillería, nuestra Comisión de Política Internacional puede convocar al propio Canciller u otras autoridades”, señaló el asambleísta oficialista.
Explicó que hará las averiguaciones correspondientes sobre el tema con el director de Relaciones Bilaterales de la Cancillería, Elmer Catarina, para ver si la información es oficial o no.
“Como comisión estamos encargados de realizar fiscalización de gestión de lo que corresponda de nuestra función legislativa y las decisiones de política internacional están en manos de la Cancillería”, explicó el asambleísta.
Según Informe La Razón, los datos que Santiago entregó a principios de este año al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-Moon, revelaron que 64.402 minas todavía están enterradas en sus fronteras hasta diciembre de 2013. El reporte está vinculado a las obligaciones derivadas de la Convención de Ottawa, suscrita en 1997, que ordenó el desminado en todo el mundo.
Cuando el Ejército chileno comenzó el complejo proceso del “desminado humanitario” el 21 de julio de 2005, se estableció que un total de 118.377 explosivos se enterraron en los límites fronterizos del vecino país, 22.988 de estos artefactos antipersonales y 1.100 minas antitanque, distribuidos en 42 campos, estaban a lo largo de los 850 kilómetros de frontera que comparten Bolivia y Chile.
El porcentaje de desactivación en el límite común, según el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, llegó hasta el momento solo al 25%, una cifra alejada de las metas que Santiago se había propuesto hace nueve años, cuando proyectó eliminar los explosivos hasta 2006, seis años antes del plazo establecido por la Convención de Ottawa.
El informe de desminado de 2013 presentado por Chile revela que 9.512 minas están en zonas donde no se tiene certeza exacta de su ubicación. El reporte señala que estas zonas se han señalizado para evitar que los explosivos detonen y provoquen daños personales. Los lugares son Arica-Parinacota, contigua a Bolivia y Perú, existían 9.360 minas sin ubicación exacta, 152 en la región de Antofagasta que tiene frontera con el sudoeste de Potosí. “Las cantidades de minas señaladas son aproximadas”, advierte el documento, suscrito por el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Desminado de Chile, Juan Mendoza.
Las precipitaciones pluviales en la Cordillera de los Andes provocaron deslizamientos y el sorpresivo escurrimiento de agua al interior de la Quebrada Escritos, cercana al área de frontera que Chile comparte con Perú y Bolivia; el área afectada es de 167.353 m2 que está declarada como “área de peligro”. Las nevadas de 2012 ocasionaron el desplazamiento de minas en Ollagüe, en el sudoeste boliviano, donde se afecto un área de 466.350 m2.
Chile pidió prórroga de 8 años
Pacto
En la última reunión de los países que son parte de la Convención en 2011 en Camboya, Chile pidió una prórroga de ocho años para cumplir el desminado. Alegó que la destrucción se complicó porque la mayoría se plantó en zonas de difícil acceso.
