La Cámara Nacional de Industrias (CNI) rechazó el proyecto de ley que crea una cuota de retención por botella no retornable o pet, porque perjudica al sector productor de gaseosas y señaló que la medida podría causar el incremento del precio de este producto para el consumidor.
El presidente de la CNI, Mario Yaffar, mencionó que si se quiere conservar el medio ambiente se debe diseñar otro tipo de medidas porque con este gravamen no solucionará la contaminación y lo único que se hace es cargar con un costo adicional a las empresas «que finalmente va ha ser compartido con los consumidores».
«Con este impuesto o carga que se intenta gravar al sector de las gaseosas, lo único que se hace es encarecer los productos, incomodar al sector industrial y esto no va a solucionar ningún problema de contaminación porque la conservación del medio ambiente se trabaja con los consumidores y no gravando a los productores», expresó Yaffar.
La ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, señaló el viernes que el proyecto de ley ha sido impulsado por la diputada Betty Tejada (MAS) y fue redactado en su despacho. Su objetivo es de la protección del medio ambiente.
El proyecto de ley que está en tratamiento en la Asamblea Legislativa establece una cuota de retención de Bs 0,025 por botella no retornable o pet que tenga una capacidad igual o menor a 0,600 litros, de Bs 0,035 por envase mayor a 0,601 litros y menor o igual a 3,780 litros y de Bs 0,05 por los que son mayores a 3,781 litros.
«Estamos hablando de una recaudación de Bs 7 millones mínimamente al año, de lo cual un 96% se destinaría para beneficio de los compañeros que pagan la recolección de las botellas plásticas y un 4% para la Autoridad de Control Social de Empresas (AEMP)», mencionó el dirigente de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB), Vitaliano Mamani.
La semana anterior, varios empresarios productores de gaseosas señalaron a ANF que si el Legislativo aprueba el proyecto de ley que establece un «impuesto» a las botellas pet tendrán que elevar los precios de los productos que comercializan de forma inevitable.
«Ha sido un proyecto que adolece de un estudio económico y no se ha hecho un estudio previo del impacto que esto significa, entonces no se puede pretender introducir un proyecto de ley sin tener un estudio que respalde esta medida», argumentó Yaffar.
