Sobresaltada, rica en peripecias y corta fue la historia del financiamiento público a los partidos en Bolivia. Su aprobación mediante una reforma a la ley electoral en 1997 se inscribió en un vasto movimiento latinoamericano que, desde finales del siglo XX, estableció el financiamiento público a los partidos y buscó mecanismos para dar transparencia al origen, el manejo y la rendición de cuentas de los recursos económicos partidarios durante las campañas y en periodos no electorales. En Bolivia, como en otros países de la región, la aprobación de la ley, sobre todo del componente de subvención estatal a los partidos, fue polémica por el rechazo de muchos sectores. La oposición ponía en evidencia el bajo nivel de confianza ciudadana en los partidos.
Para acallar las críticas, no bastó que la subvención pública se inscribiese y precisase en la Ley de Partidos Políticos (1999), que la fiscalización a cargo de la Corte Nacional Electoral (CNE) fuese estricta y satisfactoria, consiguiendo la devolución de recursos cuando se consideraba que los descargos eran insuficientes o inadecuados, ni que la norma estableciese pautas para democratizar e institucionalizar a los partidos.
En 2003, asediado por una difícil situación fiscal, el gobierno de Carlos Mesa ignoró la norma y no entregó a los partidos los recursos para el año no electoral: las organizaciones, aún golpeadas por la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, apenas mascullaron su molestia lo suficientemente bajo como para que no se escuche en la sociedad. En la elección municipal de 2004, algunos partidos anunciaron solemnemente que renunciaban a los fondos públicos para que nadie los confundiera con los otros… El financiamiento público de la política, el eslabón más frágil en términos de legitimidad del armazón creado para apuntalar el sistema de partidos, sostenido en una época de optimismo, fue igualmente la punta donde se resquebrajó el impulso modernizador.
En 2005, acomplejado y sin que nadie lo pidiese expresamente, el mismo Parlamento recortó los porcentajes del financiamiento a los partidos y para seguir haciendo buena letra entregó el manejo de los recursos a la CNE, destinándolos exclusivamente para la contratación de propaganda en medios. Con la medida se ganó en agilidad y transparencia, pero se perdió en el fortalecimiento de las estructuras partidarias para manejar recursos, rendir cuentas y movilizar a la militancia.
En vano: el final llegó en 2008, sin prolongados debates parlamentarios, sin seminarios de análisis, sin artículos en la prensa, en fin, sin un obituario digno de las encendidas controversias que generaron su nacimiento. Por iniciativa del Movimiento Al Socialismo (MAS) y con la venia opositora, en horas, el Congreso aprobó la ley, que en su primer artículo suprimió el financiamiento público, y para que no se dude que el pasado era tan oscuro y cruel como generoso y solidario el futuro, se dispuso en el artículo segundo la entrega de los recursos a un fondo para los minusválidos… Así, Bolivia se convirtió, con Venezuela, en el único país de Sudamérica sin subvención estatal directa a los partidos.
Existe un amplio consenso en América Latina en que el financiamiento público a los partidos representa un mecanismo útil para el fortalecimiento de los sistemas de partidos y de afianzamiento de la democracia. Ciertamente se encuentra lejos de ser la panacea o una pócima mágica, porque requiere inscribirse en un contexto más amplio de disposiciones que apunten en la misma dirección, pero contribuye a lograr que la competencia política, en especial las campañas, sea más equitativa; permite que los partidos no se reduzcan a máquinas electorales; alienta el pluralismo; favorece a la labor de capacitación de los partidos y promueve la difusión permanente de los principios y planteamientos de las organizaciones políticas.
Uno de los desafíos pendientes de la democracia boliviana es volver a colocar el financiamiento público en el debate público y, de manera más general, debatir el esquema de financiamiento de la política. Hay una corta pero rica experiencia propia, así como una vasta reflexión y práctica regional: constituyen un sólido material de base para que los actores políticos, las instituciones y la sociedad civil diseñen el modelo boliviano del financiamiento político.
