El defensor del Pueblo, Rolando Villena, pidió a la Fiscalía General investigar a la fiscal Aly Rosario Venegas por la aprobación de la Resolución 143/2014 que excluye de forma definitiva al exministro de Gobierno Sacha Llorenti del caso Chaparina. Además expresó que en el sistema de justicia hay “una crisis moral” y que de continuar ningún boliviano tiene asegurado el ejercicio de sus derechos humanos.
El pronunciamiento, explicó, es resultado de un análisis jurídico sobre la decisión fiscal que excluye al actual embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) de la investigación sobre la intervención violenta en septiembre de 2011, en Chaparina, a la VIII Marcha Indígena en defensa del Territorio Indígena Parque Naciones Isiboro Sécure (TIPNIS).
La resolución ratifica la emitida el 30 de julio de 2012 por los fiscales Patricia Santos y Róger Velázquez, y no toma en cuenta el informe de la Defensoría del Pueblo sobre los hechos de Chaparina, que revela la vulneración de los derechos humanos de los indígenas y establece responsabilidades directas e indirectos, entre ellos contra Llorenti.
“Ante las irregularidades señaladas he dispuesto remitir una comunicación formal al Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, solicitándole que se abra una investigación inmediata contra la señalada fiscal y se tipifique los delitos que corresponda”, afirmo Villena, según un boletín de prensa de la institución.
También anunció que solicitará a Guerrero indague sobre la responsabilidad, conocimiento y aquiescencia del fiscal de Distrito de La Paz, José Ponce, sobre el contenido de la Resolución 143/2014. “Tengo la esperanza que esta autoridad (Guerrero) ha de obrar conforme a la Ley y garantizar el acceso a la justicia en este caso, sin embargo haremos el seguimiento respectivo para que se actúe en consecuencia”, afirmó.
Villena aseguró que el informe que presentó sobre lo ocurrido en septiembre de 2011 no puede ser ignorado por la Fiscalía y expresó su profunda preocupación respecto a la “grave crisis moral” en el sistema judicial.
“Ya no podemos seguir tolerando que los responsables de administrar justicia y de investigar la comisión de delitos actúen de manera tan discrecional y poco transparente. Si las cosas continúan de este modo, ningún boliviano y boliviana puede tener asegurado el ejercicio de sus derechos humanos”, advirtió.
