Casi treinta años después del fin de la dictadura en Brasil, la Comisión de la Verdad (CNV) entregó su informe final a una conmovida presidenta Dilma Rousseff, víctima del régimen, y pidió anular la amnistía a los violadores de derechos humanos. En dos años y siete meses de trabajo, la comisión investigadora registró 434 muertos o desaparecidos, víctimas políticas directas durante los denominados “años de plomo”.
“Esos números no corresponden al total de muertos y desaparecidos. Son solo los casos cuya comprobación fue posible en función del trabajo realizado y a pesar de los obstáculos en la investigación, en especial la falta de acceso a la documentación producida por las Fuerzas Armadas, oficialmente dada como destruida”, dijo la CNV en las conclusiones de su informe final entregado ayer a Rousseff.
Para la comisión quedó ampliamente demostrado que las “graves violaciones” de derechos humanos perpetradas durante 21 años fueron una “política de Estado”, rechazando la explicación de las Fuerzas Armadas de que fueron hechos aislados o excesos.
“Respetamos y reverenciamos a todos quienes lucharon por la democracia”, dijo la Presidenta, quien recibió el informe y derramó lágrimas durante su discurso al asegurar que las nuevas generaciones y las familias de las víctimas merecían la verdad porque, sin ella, “continúan sufriendo como si sus familiares murieran de nuevo”.
La comisión fue creada en 2011 por la propia Rousseff, una exguerrillera que estuvo presa y fue torturada por el régimen militar y que también ha prestado su testimonio a este grupo de trabajo, al igual que sus colegas Luiz Inácio Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso, en calidad de víctimas de la dictadura.
Brasil no ha juzgado a los represores de la dictadura por una ley de 1979, ratificada en 2010, que amnistió a policías y militares que violaron los derechos humanos. Según la comisión, 377 agentes del Estado son responsables de graves violaciones a los derechos humanos, desde el plano político e institucional como por autoría directa.
Implicados. Entre ellos identifica a ocho militares que ejercieron como presidentes durante la dictadura —todos ya fallecidos— desde Humberto de Alencar Castelo Branco (1964-1967) hasta Joao Baptista de Oliveira Figueiredo (1979-1985).
También a seis exministros de Guerra o del Ejército, siete exministros de Marina y cinco de Aeronáutica, además de militares de distintos rangos, diplomáticos, policías y hasta médicos al servicio de la dictadura. Las modalidades más graves de las violaciones de los derechos humanos fueron: la prisión o detención ilegal arbitraria; la tortura; la ejecución sumaria, arbitraria o extrajudicial y otras muertes imputadas al Estado; y la desaparición forzada, que incluye el ocultamiento del cadáver. Entre las entidades torturadoras figuran el temido órgano de inteligencia y represión DOI-CODI.
El grupo de trabajo aseguró que también hubo graves violaciones de los derechos de los campesinos y los pueblos indígenas. En lo que concierne a estos últimos, hubo una política de Estado, ya fuera por acción u omisión, que favoreció el despojo de tierras y la muerte de unos 8.350 indígenas, aunque la cifra podría ser mayor.
Destacan el informe
ONU
El informe fue destacado por el líder de la ONU, Ban Ki-moon, que pidió una divulgación “lo más extensa posible”.
Cifras
Hasta la fecha, en Brasil se reconocían extraoficialmente unos 400 muertos durante el régimen.
