Lo que al parecer fue solo una desafortunada e inoportuna declaración del presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Ruddy Flores, se convirtió pronto en bandera política de algunos opositores que dieron por hecho la existencia de “espionaje político” en el país. Hablaron incluso de la compra de equipos de alta tecnología supuestamente utilizados para “controlar las acciones” no de algunos miembros de la oposición, sino de “todos”.
Dicha bandera se cayó cuando el propio Flores, asegurando que sus declaraciones a un canal televisivo “fueron descontextualizadas”, negó que sus llamadas telefónicas estuvieran siendo intervenidas por algún servicio de Inteligencia del Gobierno. El presidente del TCP, en medio de su pugna verbal con el magistrado Cusi, había dicho un día antes que todas sus llamadas eran “grabadas, fiscalizadas y supervisadas”.
Más allá de esta disputa asentada en declaraciones desdichas, el lamentable episodio reafirma la importancia de preservar el derecho constitucional al “secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas”. Muestra también que pese a la inexistencia de pruebas (como en este caso), cualquier afirmación “políticamente útil” será rápidamente utilizada para la descalificación y el ataque contra el adversario, más aún en un año electoral.
