El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) será la instancia que defina si los artículos observados del proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2024, rechazados por la Cámara de Senadores, entrarán en vigencia, dijo el senador del MAS, Luis Flores.
El legislador nacional sostuvo que para que esos artículos observados por la Cámara Alta no entren en vigencia a partir de enero de 2024, se debe presentar un recurso constitucional ante la instancia judicial.
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“Se tiene que presentar un recurso para declarar el Presupuesto no vigente o no aprobado, los artículos cuestionados, no estoy hablando de manera general, mientras no exista ese procedimiento de manera general con seguridad va a continuar la vigencia del Presupuesto General del Estado”, sostuvo Flores.
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó la noche del 20 de diciembre el proyecto de ley del PGE 2024 con el rechazo a dos artículos y lo devolvió a la Cámara de Diputados.
Artículos
Los artículos observados y que fueron rechazados son el 7, que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a “celebrar operaciones de deuda pública en los mercados de capital externo con un monto de hasta $us 2.000 millones o su equivalente en otra moneda; para apoyo presupuestario y/o manejo de pasivo”.
En tanto que el 8 señala la autorización al Ministerio de Planificación del Desarrollo suscribir con organismos multilaterales, en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, “Líneas de Crédito Contingentes por un monto de hasta $us 700 millones o su equivalente en otras monedas” para “la atención de necesidades urgentes del Tesoro General de la Nación producto de perturbaciones exógenas, desastres y/o emergencia nacional, crisis sanitaria, cambio climático y otros de naturaleza similar”.
Flores aclaró que, en caso de no presentar el recurso constitucional, el PGE entra en vigencia a partir de enero de 2024.
El domingo, el viceministro de Presupuesto, Jhonny Morales, defendió los lineamientos y las cifras del PGE 2024 y ante el receso en la Asamblea Legislativa, dejó en claro que el Gobierno comenzará su aplicación desde el 1 de enero.
Sobre los dos artículos observados y rechazados en el Senado, explicó que uno de ellos, el que abre la posibilidad de emitir bonos por $us 2.000 está incluido en todos los presupuestos de los últimos años, y nadie observó nada.
Sobre el aporte de capital para el Banco Unión, cercano a los $us 40 millones, dijo que es para que la entidad entregue más recursos a los bolivianos de escasos recursos, ya sea para vivienda o para sus negocios. “Pero eso no quiere la oposición, parece que quieren que sigan siendo pobres”, señaló.
El proyecto de ley establece un presupuesto agregado con un crecimiento del 7,3%, de Bs 317.129 millones a Bs 340.318 millones; y un presupuesto consolidado que se incrementa en 8,9%, de Bs 243.950 millones a Bs 265.558 millones.
La inversión pública para la siguiente gestión será por $us 4.274 millones, recursos que financiarán proyectos productivos, infraestructura y proyectos sociales para dinamizar la economía del país, según datos del Ministerio de Economía.
