En el primer año de legalización del aborto, entre diciembre de 2012 y noviembre de 2013, se registraron en Uruguay 6.676 abortos legales, lo que equivale a 556 por mes, informaron el lunes autoridades sanitarias.
Según el balance presentado en conferencia de prensa por el viceministro de Salud Pública, Leonel Briozzo, el 64% del total de los abortos reportados tuvo lugar en Montevideo; el 59% se realizó en el sector privado, el resto en hospitales públicos.
El 19% de las mujeres que resolvieron la interrupción voluntaria del embarazo tenía menos de 19 años.
Teniendo en cuenta estas cifras, la tasa de abortos en Uruguay indica que nueve de cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años de edad se realiza abortos, explicó Briozzo.
La ley que despenalizó el aborto en las primeras 12 semanas de gestación fue aprobada en octubre de 2012, convirtiendo a Uruguay en el segundo país de América Latina en permitir la interrupción del embarazo, después de Cuba. En Sudamérica también es legal en Guyana y la Guayana francesa.
Para acceder a un aborto en forma gratuita en las instituciones de salud la mujer debe entrevistarse con un equipo interdisciplinario que le informa sobre los riesgos, alternativas, programas de apoyo a la maternidad y de adopción, y deberá tomarse cinco días para reflexionar la decisión.
Como excepción, se autoriza el aborto dentro de las 14 semanas de gestación cuando el embarazo implique un grave riesgo para la salud de la mujer, cuando haya malformaciones incompatibles con la vida extrauterina o cuando el embarazo sea producto de una violación.
De las mujeres que acudieron a las consultas sobre aborto con el equipo interdisciplinario, el 6,3% resolvió continuar con su embarazo.
Según las autoridades, se reportó el fallecimiento de una mujer producto a un aborto realizado en forma clandestina, lo que demuestra que esta práctica no se ha erradicado.
Sin embargo, consideró que el aborto ilegal se volvió «infrecuente» y que se dan «todas las condiciones para que las mujeres confíen en el sistema de salud y lo hagan de manera legal».
También se reportaron dos «complicaciones graves» en los procedimientos: una histeroctomía tras una interrupción voluntaria del embarazo y un ingreso a la unidad de cuidados intenstivos luego de un «aborto inseguro».
