Chile cerró cualquier posibilidad de un mediador en el diferendo marítimo con Bolivia y alista los alegatos para enfrentar la etapa oral abierta en torno a la impugnación de competencia a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la demanda boliviana, informó el canciller Heraldo Muñoz.
“Chile no ha aceptado en el pasado y no aceptará mediación alguna en un tema que es absolutamente bilateral, que le compete sólo a Chile y a Bolivia. Chile nunca va a considerar, ni acepta ni aceptará ceder territorio bajo presiones ni mediación de ninguna especie”, afirmó la autoridad en una conferencia de prensa, según informó el portal digital de La Tercera.
El presidente Evo Morales reveló el 30 de diciembre que “varios presidentes”, sin identificarlos, expresaron su disposición para hacer gestiones en el diferendo con Chile y anunció que está abierto a una fórmula de mediación bajo el principio de una salida soberana al Pacífico. Ayer reveló que el papa Francisco pidió documentación sobre el conflicto.
El vocero de la demanda Carlos Mesa afirmó en una entrevista con un medio chileno, publicada el 23 de diciembre, que Santiago cerró el camino a una solución del diferendo dentro de la región y con mediadores, países u organismos como la Unasur o la Celac, por lo que se optó ir a la CIJ.
Muñoz afirmó le “llamó poderosamente la atención” que Morales haya informado del pedido del Papa sobre datos de conflicto bilateral.
«Todos conocemos que la diplomacia vaticana es altamente competente y muy seria, y ellos tienen sus medios para obtener información», respondió el canciller y añadió: «Será la Santa Sede la que tendrá que decir si es que el Santo Padre le ha pedido alguna información al Presidente boliviano».
El Ministro sostuvo una reunión con el Comité Asesor para la demanda de Bolivia ante La Haya. La instancia asesora está integrada por el coagente Felipe Bulnes, el coagente Claudio Grossmann y un grupo de académicos y abogados expertos en derecho internacional.
La administración del presidente Evo Morales instauró la demanda en 2013, en busca de una negociación de “buena fe” de una salida al mar sobre la base de los ofrecimientos de solución hechos a lo largo de la historia. En abril de ese año fue presentada la memoria con alegatos históricos y jurídicos, en tanto que en julio de 2014 el gobierno de Michelle Bachelet objetó la competencia de la CIJ y La Paz reafirmó su jurisdicción en noviembre, lo que abrirá una fase de alegatos orales hacia una resolución final.
