Una nueva polémica surgió en Perú al conocerse que la orden de captura contra Martín Belaunde estuvo inactiva casi por dos días, lo que habría permitido la fuga a Bolivia del exasesor del presidente Ollanta Humala, acusado de peculado y asociación ilícita.
Un programa televisivo reveló la existencia de presuntas irregularidades en la División de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el cumplimiento al mandato judicial que ordenó la captura del empresario Belaunde, por el caso La Centralita.
El domingo 1, el espacio Panorama, de Panamericana Televisión, informó que la Procuraduría Anticorrupción del vecino país pidió a la Fiscalía investigar las presuntas irregularidades en el caso.
Un documento de la División de Requisitorias indica que al 25 de noviembre de 2014 Belaunde figura como negativo para orden de captura e impedimento de salida del país, cuando el mandato de detención se había aprobado el 29 de mayo, según Panorama.
El diario El Comercio publicó que el exministro del Interior Fernando Rospigliosi indicó que el hecho de que la orden de captura no haya estado activa, días antes de la fuga a Bolivia, prueba de que “el Gobierno es su cómplice”. En tanto, a través de un comunicado, la PNP negó ayer que no haya activado durante seis meses la orden de detención e impedimento de salida del prófugo de la Justicia peruana.
Según la explicación, el pedido de detención caducó el 25 de noviembre de 2014 y volvió a estar en vigencia la noche del 27 del mismo mes. “La duda de orden de captura de Belaunde no tiene sustento”, dijo el ministro del Interior, Daniel Urresti, al desmentir las irregularidades en la orden de captura contra el empresario.
En tanto, Belaunde guarda detención domiciliaria en un barrio de La Paz, en Bolivia, y su defensa prepara la respectiva apelación a la negativa, en primera instancia, que dispuso la Conare (Comisión Nacional del Refugiado) sobre su petición de refugio en Bolivia. Desde Sucre, se informó que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia tratará hoy un memorial presentado por la defensa del peruano sobre su situación legal.
