La cuestión agraria en Brasil causó ayer las primeras discordias en el nuevo gabinete de la presidenta Dilma Rousseff con un fuerte cruce de declaraciones entre dos ministros sobre la existencia de latifundios en el vasto campo del país.
Para su segundo mandato, que comenzó el jueves 1, Rousseff incluyó entre sus 39 ministros a representantes de todas las fuerzas políticas que apoyaron su reelección, que configuran un variopinto paraguas ideológico bajo el cual se cobijan la izquierda, el centro y la derecha.
Apenas seis días después del inicio del segundo gobierno de la Mandataria, las dificultades que muchos analistas previeron en esa diversidad política del nuevo gabinete se empezaron a manifestar en el estratégico sector agrícola.
La polémica la estableció la nueva titular de Agricultura, Katia Abreu, ganadera, senadora del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, centroderecha) y hasta ahora presidenta de la patronal que agrupa a los grandes empresarios del campo, quien negó que existan latifundios.
Opinión. “Los latifundios no existen más”, por lo que la reforma agraria no debe ser “masiva”, sino centrarse en campesinos con “vocación” de trabajo, a los que, además de tierras, se les deben garantizar asentamientos “de calidad” y con la “estructura” necesaria, declaró al diario Folha de Sao Paulo.
Esa opinión fue rebatida por el nuevo ministro de Desarrollo Agrario, Patrus Ananias, un histórico dirigente del Partido de los Trabajadores (PT, de Rousseff), quien asumió ayer formalmente su cargo arropado por representantes de movimientos sociales opuestos al nombramiento de Abreu.
Ananias, cuya cartera es responsable de la reforma agraria, dijo que en Brasil “no basta con derrumbar las cercas del latifundio” y afirmó que “es preciso derrumbar también las cercas que nos limitan a una visión individualista y excluyente del proceso social”.
Según datos oficiales, el 1% de los grandes empresarios del campo posee casi la mitad de las tierras cultivables en Brasil y, según organizaciones sociales, como el Movimiento de los Sin Tierra (MST), unos 90.000 campesinos permanecen acampados a la espera de ser incluidos en planes de reforma agraria.
Sin embargo, los mismos movimientos sociales calculan que, en realidad, la lista de personas que pudiera beneficiarse de la reforma asciende a unos cinco millones, que en su mayoría han emigrado del campo hacia las periferias de las grandes ciudades.
En su discurso, Ananias admitió que la reforma agraria “es un tema que aún despierta polémicas y encuentra resistencias”, pero sostuvo que es un asunto que debe ser resuelto mediante el “diálogo” democrático y bajo la óptica de los “derechos sociales”.
El MST, históricamente vinculado al gobernante PT, reaccionó frente a las posiciones de Abreu, a quien acusó de “representar los intereses de los segmentos más atrasados de la agricultura, que no alcanzan niveles mínimos de productividad, dañan el medio ambiente y se valen del trabajo esclavo”.
En la entrevista con Folha de Sao Paulo, Abreu ratificó su posición contra las normas para delimitar las tierras indígenas, que es una responsabilidad del Gobierno, y subrayó su apoyo a un polémico proyecto de ley que propone traspasar esa competencia al Congreso. Y se plantó contra grupos indígenas que exigen una ampliación de sus reservas y declaró que la raíz del problema está en que los indios “han dejado las selvas” y pretenden expandir sus tierras hacia “las áreas de producción” agrícola. Esa declaración fue condenada por el Consejo Indigenista Misionero (Cimi), que manifestó su “vehemente repudio” a la nueva ministra.
Críticas contra una ministra
Consejo
El Cimi recordó que la ministra Abreu es conocida como “reina de la motosierra” por sus posturas en favor de que la actividad agrícola avance sobre la Amazonía. “Son los agentes del latifundio y el agronegocio los que invaden y derrumban las selvas”.
