El vicepresidente Álvaro García afirmó ayer que Bolivia respeta los procedimientos para las peticiones de refugio en el país y, por ende, en el caso del peruano Martín Belaúnde. También reafirmó que el Gobierno no protegerá a personas acusadas de corrupción.
El empresario extranjero se encontraría en La Paz desde el 1 de diciembre de 2014. Se supo que el 15 solicitó refugio ante el Consejo Nacional del Refugiado (Conare) de Bolivia. Es buscado por la Justicia peruana acusado de cometer actos de corrupción. Hasta la fecha, este ciudadano no se presentó ante el organismo para explicar los motivos de su petición.
“Somos respetuosos de los procedimientos que se establecen para las peticiones de refugio, hay un procedimiento acordado internacionalmente y nosotros vamos a respetar ese procedimiento que establece convocatoria, citación y luego se emite una resolución. La persona tiene un tiempo para apelar esa resolución y después viene la posición definitiva”, explicó García a los periodistas.
Añadió que Bolivia está en los plazos que establece la Ley 251 de Protección a Personas Refugiadas, vigente en el país. García remarcó que Bolivia nunca va a proteger a personas acusadas de corrupción y si Belaúnde es acusado por ese delito, esa persona no va a ser protegida.
Belaúnde es buscado desde el 29 de mayo de 2014, cuando un juez dictó su prisión preventiva de 18 meses por delitos de corrupción en el caso “La Centralita”. El hombre está acusado de utilizar su empresa Ilios Producciones para ocultar el desvío de fondos públicos. El martes, la Cancillería de Perú pidió a Bolivia expulsar de manera urgente a Belaúnde.
Medios de comunicación peruanos informaron ayer que el procurador ad hoc, Joel Segura, llegaría ayer en la noche a la ciudad de La Paz para brindar detalles sobre el caso del prófugo empresario. La autoridad señaló que su labor en el país se basará en aclarar a las autoridades que Belaúnde cuenta con las garantías de ley para afrontar un juicio.
