El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) inhabilitó este jueves al partido Semilla del presidente electo Bernardo Arévalo, al acatar una orden dictada por un juez en agosto por supuestas irregularidades en su inscripción.
El partido fue inhabilitado el 28 de agosto por el Registro de Ciudadanos (padrón electoral) por orden judicial; lo que condujo a Arévalo a denunciar un plan de «golpe de Estado» para impedir que asuma el poder en enero de 2024. Sin embargo, el TSE levantó temporalmente la inhabilitación el 3 de septiembre hasta que culminara formalmente el proceso de elecciones, el 31 de octubre.
«Lo que ha hecho el Registro de Ciudadanos es dar cumplimiento, en este caso, a la orden del juez, toda vez; que el proceso electoral ya ha finalizado», dijo el vocero del Tribunal Supremo Electoral Guatemala , Luis Gerardo Ramírez, a periodistas.
Ramírez explicó que ahora Semilla tiene prohibido realizar cualquier actividad.
La suspensión fue ordenada por el cuestionado juez Fredy Orellana por pedido de la fiscalía. Que emprendió una cruzada contra Semilla en un aparente intento de impedir que Arévalo asuma el poder.
Sin embargo, el portavoz enfatizó que el TSE «ya validó los resultados [de los comicios] y los oficializó», lo que implica que las nuevas autoridades deberán asumir sus cargos el 14 de enero.
Arévalo es hijo de un presidente que dejó huella en el país y su amplia victoria sobre la candidata del continuismo, la ex primera dama Sandra Torres; es atribuida a que generó esperanzas de cambio con su promesa de lucha frontal contra la corrupción, mal endémico en el país.
Tribunal Supremo Electoral Guatemala avala ataques contra el Partido Semilla
La cruzada contra Semilla fue lanzada por el cuestionado fiscal Rafael Curruchiche; luego de que Arévalo dio la sorpresa en la primera vuelta electoral el 25 de junio y pasó al balotaje ante Torres.
Esta persecución ha provocado manifestaciones masivas y bloqueos de rutas en el país por varios días para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, del fiscal Curruchiche y del juez Orellana.
Los tres funcionarios judiciales figuran en una lista de Estados Unidos de actores «corruptos».
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