El Órgano Legislativo aprobó la proposición acusatoria contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, Samuel Doria Medina —exministro de Planeamiento (1989-1993), actual líder de Unidad Nacional (UN)— y otras cinco personas por los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.
Ambas personas, junto al exministro Carlos Sánchez Berzaín, Fernando Illanes de la Riva, Reynaldo Peters Arzabe, Arturo Beltrán Caballero y Flavio Escóbar Llanos, fueron sindicadas de desviar recursos estatales en favor de una fundación privada, creada en la gestión del ministro Doria Medina.
Según la investigación, el Estado impulsó la Unidad de Coordinación de Proyectos-Formación de Capitales en Áreas Secundarias (UCP-Focas), dirigido por Arturo Beltrán, dependiente de la cartera de Planeamiento, para administrar la cooperación económica proveniente de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid), que favorecía a productores de las poblaciones rurales y periurbanas del país a través de créditos otorgados por medio de distintas entidades financieras.
De acuerdo con el informe, el 8 de octubre de 1992, Doria Medina —ministro del expresidente Jaime Paz Zamora, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)— y Beltrán otorgaron en préstamo más de $us 21 millones a la Fundación para el Desarrollo (Funda-Pro), recursos estatales administrados por el proyecto UCP-Focas.
Proceso. Asimismo, se aprobó la emisión de la personería jurídica en favor de esa fundación privada, que tenía varios socios, entre ellos el entonces ministro de Industria, Luis Campero. Luego, ese mismo año, Doria Medina, a través de una “carta de implementación”, determinó la transferencia de todo el dinero que manejaba la UCP-Focas a Funda-Pro y “así aseguró que la fundación privada se apropie de los recursos que manejaba el Estado a través de las unidades crediticias financieras”, detalló el diputado Juan Carlos Aparicio, quien leyó toda la proposición acusatoria.
Ayer, en la última sesión de la Asamblea Legislativa del periodo 2010-2015 —controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS)—, se aprobó la investigación realizada por una comisión mixta de legisladores sobre el proceso de capitalización y privatización, que se registró entre 1989 y 2000, en la denominada época “neoliberal”.
El informe duró más de ocho horas, en medio de reclamos de los legisladores de la oposición, quienes argumentaron que se trató de un proceso de persecución política. En tanto, uno de los acusados, Doria Medina, descalificó la labor de esa comisión ya que en ningún momento fue convocado para emitir su versión. “Esta comisión investiga un proceso alrededor mío durante un año y medio, y nunca me ha llamado, ha violado un principio fundamental establecido en la Constitución Política que es el derecho a la defensa, tenía miedo a mi verdad”, manifestó.
Con todo, al final de la jornada se aprobaron dos proposiciones acusatorias, una de ellas referida a la creación de la privada Funda-Pro y la otra, a la venta de Enfe- Andina a la mitad de su precio. Ambas fueron remitidas al Ministerio Público, solicitándole que admita las demandas para poder iniciar a los aludidos un juicio de responsabilidades a través de la Asamblea Legislativa. Pero en este caso existen más irregularidades e implicados, como Sánchez de Lozada.
Según el informe final sobre las privatizaciones, el 21 de julio de 1993, con los recursos que comenzó a administrar Funda-Pro, se creó el Banco de la Producción SA (Banco-Pro), con la participación de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Microempresa (Prodem), cuyo socio mayoritario era Gonzalo Sánchez de Lozada, además de incluir a su empresa minera Comsur SA.
Investigación. Asimismo, se afilió la Fundación para la Educación Superior (FES), la Fundación Sartawi, su similar Quipus y la Asociación de Servicios Artesanales y Rurales (ASAR). Ya en su calidad de presidente, Sánchez de Lozada y los ministros Carlos Sánchez Berzaín, Fernando Illanes de la Riva y Reynaldo Peters emitieron el Decreto Supremo 23632, del 3 de septiembre de 1993, homologando el contrato de préstamo de recursos de la UCP-Focas en favor de Funda-Pro, en octubre de 1992. Finalmente, según el informe final, el préstamo fue de $us 21.061.277,70 y a la fecha se adeudan todavía más de $us 18 millones al Estado.
García Linera afirmó que solo se trata de la primera parte de la indagación y que “este proceso continuará con la nueva Asamblea”, que iniciará funciones el 22 de enero. Justificó que el trabajo se enmarcó en la Constitución.
El artículo 112 indica que los delitos cometidos por servidores públicos contra el patrimonio del Estado y generen daños económicos no prescriben. Asimismo, el 123 señala que se investigará, procesará y sancionará delitos de corrupción que afecten al Estado cometidos por servidores públicos.
S. de Lozada: Impulsó la capitalización en 1993-1997
El entonces presidente de la República entre 1993 y 1997 impulsó la capitalización, pero además es acusado de haber homologado el contrato por el que se habría beneficiado de recursos por el contrato Comsur (Cooperativa Minera del Sur) y en la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe).
Sánchez Berzaín: Fue ministro de Goni en dos oportunidades
Ocupó los cargos de ministro del Interior, de la Presidencia y de Defensa en los dos periodos de gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2000-2003). Participó en el proceso de capitalización que llevó adelante Goni en su primer gobierno y, hasta las 19.30 de ayer, no sabía sobre las dos acusaciones.
Fernando Illanes: Fue el hombre fuerte de los hidrocarburos
Fernando Illanes de la Riva es un destacado hombre de la empresa privada y en octubre de 2002 fue elegido por el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada como ministro de Hidrocarburos. Un año después, en marzo, Illanes renunció porque no estaba de acuerdo con la nueva Ley de Organización del Ejecutivo.
Reynaldo Peters: Fue ministro de Trabajo entre 1993 y 1997
El abogado de profesión fue ministro de Trabajo en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada entre 1993 y 1997. Hasta las 19.00 de ayer no conocía el texto oficial de las dos acusaciones que emitió la Asamblea Legislativa Plurinacional, empero, dijo que se presentará en cualquier instancia para asumir su defensa.
S. Doria Medina: Fue ministro de Planeamiento en 1992
Fue ministro de Planeamiento y de Coordinación de Jaime Paz Zamora. La comisión afirma que el opositor suscribió el 8 de octubre de 1992 un contrato de préstamo de $us 21 millones a favor de Funda-Pro y que, además, firmó la otorgación de personería jurídica para esta institución.
Arturo Beltrán: Coordinaba proyectos en UCP-FOCAS
Arturo Beltrán Caballero fue el director de la Unidad de Coordinación de Proyectos (UCP-FOCAS) mediante la cual se habrían desviado los recursos a Funda-Pro, una entidad cuyo asociado era el entonces ministro de Industria Luis Fernando Campero Prudencio, según Erbol.
Flavio Escóbar: Subsecretario de Desarrollo Económico
Ocupó el cargo de subsecretario de Desarrollo Económico y secretario Técnico del Consejo Nacional de Economía y Planeamiento, el cual emitió un dictamen favorable para la homologación del contrato firmado por Samuel Doria Medina, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora.
