El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció el sábado cambios en su gabinete, entre ellos un nuevo ministro del Interior y un nuevo canciller, tras la crisis política desatada alrededor de la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.
Horas después de regresar de Estados Unidos, el mandatario informó en rueda de prensa que aceptó las renuncias de tres personas en el ojo de la tormenta por este caso: el ministro y viceministro del Interior, Luis Alberto Heber y Guillermo Maciel. Y el asesor de comunicación de la Presidencia, Roberto Lafluf.
Agregó que la cartera de Interior estará encabezada por Nicolás Martinelli y Pablo Abdala, en tanto el actual ministro de Industria y Energía, Omar Paganini, será el nuevo canciller tras la dimisión de Francisco Bustillo. Paganini a su vez será reemplazado por Elisa Facio.
Bustillo renunció el miércoles tras filtrarse en la prensa audios de una conversación telefónica en noviembre de 2022 con la entonces vicecanciller Carolina Ache; en la que él presuntamente buscaba ocultar a la Justicia un chat de WhatsApp en el que Maciel le advertía a ella sobre la peligrosidad de Marset cuando se estaba tramitando su pasaporte.
Ache, que dimitió a su cargo en diciembre de 2022 por este asunto, dijo que Bustillo le sugirió «perder» el celular; al declarar el miércoles ante el fiscal que investiga presuntas irregularidades en la entrega del pasaporte a Marset.
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Marset
También dijo que Lafluf le pidió a ella y a Maciel que «borraran» los chats en una reunión en noviembre de 2022 que tuvo lugar en el mismo piso donde está el despacho presidencial.
Lacalle Pou admitió el sábado que le pidió a Lafluf juntarse con Maciel y con Ache, pero afirmó que sólo pasó «dos minutos» a saludar, y no participó en la reunión.
«Tengo la conciencia tranquila», subrayó el presidente.
Lacalle Pou también aseguró tener «la íntima convicción» de que tanto Heber, como Maciel, Bustillo y Ache «no tienen ninguna responsabilidad legal en el otorgamiento del famoso pasaporte».
Y apuntó más tarde: «El pasaporte había que darlo, no había otra chance. Fuera narco o cualquier cosa, de acuerdo con la ley actual, los decretos actuales, había que darlo».
Marset solicitó el pasaporte en octubre de 2021, y lo obtuvo a fines de noviembre de ese año mientras estaba detenido en Emiratos Árabes Unidos (EAU) por haber intentado salir de ese país con un pasaporte paraguayo falso.
Para entonces, Marset no estaba requerido por la Justicia, aunque hasta 2018 había estado preso por narcotráfico en Uruguay. Hoy es buscado en todo el mundo por tráfico de drogas y lavado de dinero, según la alerta roja de Interpol emitida el 3 de marzo de 2022 a pedido de Paraguay. En agosto logró escaparse de la policía en Bolivia.
«Nadie se explica»
Lacalle Pou, que cuando se desencadenó el escándalo que provocó la salida de Bustillo estaba en Washington para una reunión con líderes latinoamericanos convocada por el presidente estadounidense Joe Biden, se reunió esta tarde con los líderes de la coalición de gobierno (centroderecha) y del opositor Frente Amplio (izquierda).
«Nadie se explica por qué en el Uruguay se le dio un pasaporte a un narcotraficante pesado y peligroso que estaba preso en Dubái; por entrar con un pasaporte paraguayo falso», declaró a la salida del encuentro el presidente del FA, Fernando Pereira.
«Hasta ahora nadie lo ha podido explicar con razonabilidad. Colocan argumentos técnicos, un decreto del 2014, pero lo cierto es que ese pasaporte, desde nuestro punto de vista, no se otorgó de la manera adecuada y eso es lo primero que hay que explicar», agregó.
No es el primer escándalo político que enfrenta Lacalle Pou, en el poder desde marzo de 2020.
Apenas cuatro meses después de asumir, renunció el canciller Ernesto Talvi tras desencuentros con el mandatario. En agosto de 2021, dimitió el ministro de Turismo, Germán Cardoso; en medio de cuestionamientos por compras directas. Y en mayo pasado, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, renunció tras una polémica por la adjudicación de una vivienda a una militante de su partido.
Además, en febrero de este año, el jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por tráfico de influencias y otros delitos.
