El Estado boliviano enfrenta 40 denuncias presentadas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), de las que 16 están en la etapa de admisibilidad y cuatro en acuerdos de solución amistosa, informó el procurador Héctor Arce en un informe de rendición de cuentas en Trinidad.
El organismo internacional es autónomo y actúa en representación de todos los países miembros de la OEA, entre otras tareas recibe, analiza e investiga peticiones individuales en que se alega que Estados Miembros, que ratificaron la Convención Americana o aquellos Estados que aún no la han ratificado, han violado derechos humanos.
Arce informó en Trinidad de los casos presentados en contra del Estado en la CIDH, entre ellos de 12 con medidas cautelares.
Las medidas cautelares implican solicitar al Estado “adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente, así como a personas que se encuentren bajo su jurisdicción, en forma independiente de cualquier petición o caso pendiente”, de acuerdo a la página web de la organización.
Del total de casos, 12 están con medidas cautelares; 16 en etapa de admisibilidad; 6 con informes de admisibilidad; 4 con acuerdos de solución amistosa; y 2 con informes de fondo.
La Procuraduría General del Estado es la institución que cumple la función de la defensa legal del Estado. Es responsable de promover, precautelar y defender los intereses patrimoniales del Estado, sea judicial o extrajudicialmente en resguardo de la soberanía boliviana
Entre los acuerdos con solución amistosa están los registrados en 2007 y que hacen a la denuncia presentada por Víctor Hugo Arce Chávez por incumplimiento de una sentencia de amparo, y la de Miguel Ángel Osorio y James Rocha Terrazas, también por incumplimiento de una sentencia de amparo, de acuerdo a una revisión de datos de La Razón.
El informe del Procurador también establece que cuatro denuncias de violación de derechos humanos acabaron con sentencia: el de la familia Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña (2010); Juan Carlos Trujillo Oroza (2000); Renato Ticona Estrada (2008) y Pacheco Tineo (2013).
