El fin de semana pasado, preparándome para disfrutar de mis fiestas carnavaleras, me encuentro con una denuncia del Centro Juana Azurduy que me llama la atención por lo inverosímil de su contenido: el Gobierno Municipal de Sucre, en su campaña de derechos sexuales y reproductivos por las fiestas, decidió repartir citas bíblicas que enfatizan la importancia de la fidelidad y la abstinencia.
De la incredulidad pasé a la indignación cuando pude leer en el periódico Correo del Sur que la secretaria de Desarrollo Humano y Social de la Alcaldía, Cristina Martínez, justificaba el hecho diciendo que, con su acción, solo se aseguró que se distribuyeran mensajes considerados “buenos” para los jóvenes.
La vocera sostenía en su defensa que “tenemos que trabajar de forma integral, no solo evitar enfermedades, no olvidemos que solo el uso del condón no protege la dignidad de la mujer y del varón. Si los jóvenes nos dicen que quieren un condón, entonces se les da con consejería que es lo más lógico”. Lo que no aclara es que esa consejería, en lugar de ser provista por especialistas en derechos sexuales y reproductivos, era buscada en las páginas de la Biblia católica.
En esta declaración comprendo por qué Sucre tiene uno de los índices más altos de contagio de VIH/sida del país, que en los últimos años ya ha cobrado 62 vidas. Ni qué decir de los abortos clandestinos. Investigaciones recientes revelan a Sucre como una de las ciudades con mayor índice de aplicación de esta extrema medida.
Sin embargo, usted se preguntará ¿qué tiene de malo que, junto a un condón, se distribuyan citas bíblicas y, por qué no, estampitas de santos y vírgenes que protejan a nuestros jóvenes de un embarazo no deseado o del contagio de una enfermedad sexual que les puede causar la muerte? Expondré tres ideas centrales que nos aclaran lo inapropiado de esta iniciativa.
En primer lugar existe un uso indebido de recursos públicos si se paga con nuestros impuestos la impresión de publicidad para promover el fundamentalismo religioso. El activista Ronald Céspedes observó que las cajas no contienen información, como se podría esperar, sobre el condón o la prevención de enfermedades, y solo cuentan con citas bíblicas y mensajes enfáticos sobre la fidelidad y la abstinencia. Esta acción viola los derechos de las/los jóvenes de contar con información precisa y no prejuiciosa sobre su sexualidad que les permita tomar decisiones informadas.
En segundo lugar, la acción de esta funcionaria viola el artículo cuarto de la Constitución Política del Estado, donde se garantiza la libertad de religión y se consagra el Estado laico. Por tanto, esta función de promotora de una fe que se asigna la Sra. Martínez está constitucionalmente vedada en el Estado y debería ser motivo de sanción administrativa por el Gobierno Municipal.
Por último, y lo más importante, necesitamos de una vez por todas que los funcionarios públicos entiendan que su función no puede estar regida por su moral o su religión. Su trabajo debe ser tutelado por las leyes y políticas nacionales, en este caso las de salud sexual y reproductiva, que de ninguna manera plantean la promoción de citas bíblicas como educación sexual. La Sra. Martínez debe tener en claro que no pagamos su salario para que represente los intereses de una religión, ni para que nos imponga sus visiones personales. Este caso es emblemático de la desinstitucionalización del Estado boliviano que tanto daño hace a los ciudadanos y ciudadanas. Es hora de que las autoridades del sistema de salud y el alcalde de Sucre se pronuncien.
Es cientista social.
