El Gobierno argentino bajó hoy el tono a las críticas a los convocantes de la «Marcha del Silencio» en recuerdo del fiscal Alberto Nisman, fallecido hace un mes en extrañas circunstancias tras haber denunciado a la presidenta del país, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento.
«En la Argentina hay plena libertad de expresión y reunión», se limitó a decir el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, al ser consultado en rueda de prensa sobre la movilización, convocada por un grupo de fiscales.
En declaraciones a una emisora, el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, afirmó que «iría a la marcha» si no fuera tan conocido políticamente.
Admitió que no participará porque «sería una provocación».
En días previos, ambos funcionarios habían criticado con dureza la marcha tras haber recibido apoyos polémicos, como los de la política ultraconservadora Cecilia Pando -que suele defender aspectos de la última dictadura militar (1976-1983)- y el abogado Andrés Rabinovich, encargado de la defensa un exjefe de policía acusado de vínculos con narcotraficantes.
«Es preocupante cuando muchos de los que convocan una marcha son aquellas personas que justifican el robo de bebés de la dictaduras y abogados de reconocidos narcotraficantes», dijo Capitanich la semana pasada.
Pese al cambio de discurso, el jefe de ministros argentino volvió a criticar hoy al Poder Judicial al ser preguntado sobre la petición de investigación en su contra por la muerte de un niño indígena con síntomas de tuberculosis y malnutrición en la provincia del Chaco (norte), de la que fue gobernador.
«La justicia argentina solo funciona sobre una estrategia corporativa que tiene a la desestabilización desde el punto de vista político» y es «absolutamente dependiente del poder económico y concentrado».
Aníbal Fernández pidió explicaciones sobre la filtración de información a medios locales sobre la causa que investiga la muerte de Nisman.
«Si altas fuentes judiciales habrían dado información y le habrían hecho llegar a sus periodistas estas cuestiones -como ellos dicen-, son unos corruptos», dijo Fernández en referencia a una nota publicada por el diario Clarín en que pone en duda que Nisman se suicidara citando «fuentes judiciales con acceso a las conclusiones de la autopsia».
«Si hicieron eso, son corruptos, lisa y llanamente», denunció el secretario general de la Presidencia al subrayar que se trata de «información reservada».
Además, el funcionario solicitó que la testigo del operativo realizado en casa de Nisman la noche que se encontró su cadáver confirme ante la Justicia las graves irregularidades en el protocolo para preservar las pruebas que reveló a los medios.
«Una cosa es hablar ante un medio y otra ante un juez», dijo hoy el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, a su llegada la Casa de Gobierno.
Afirmó que el testimonio de Natalia Fernández le parece «respetable y creíble», aunque recordó que la fiscal de la causa, Viviana Fein, ha desmentido sus palabras, por lo aseguró que «va a tener que ratificar sus dichos ante la Justicia».
«Tomaban mate y pidieron medialunas. Tocaban todo. Había unas cincuenta personas. La fiscal preguntaba ¿la cortamos acá y la seguimos mañana?», señaló la testigo.
Alberto Nisman, fiscal especial de la causa sobre el atentado contra la mutua judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, murió el pasado 18 de enero de un disparo en la sien, cuatro días después de haber denunciado a la presidenta argentina, Cristina Fernández, por supuesto encubrimiento a sospechosos iraníes del ataque.
El pasado viernes, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó a la Justicia la imputación de Fernández, el canciller Héctor Timerman y el resto de acusados por Nisman.
