Cuatro legisladores del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) y dos de la bancada de oposición fueron elegidos la mañana de hoy para conformar la Comisión Especial Mixta de Investigación del proceso de privatización y capitalización de las Empresas Públicas.
El equipo dará continuidad al trabajo que llevó adelante una comisión especial conformada en julio de 2013 con el mismo objetivo y que concluyó su trabajo con un informe que recomendó procesar a 11 exautoridades.
El equipo de investigación fue conformado en sesión plenaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el presidente de la Asamblea y Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, reflexionó sobre la necesidad de concluir con esta investigación
La comisión quedó conformada por el senador del MAS Rubén Medinacelli y los diputados oficialistas Javier Zabaleta, Romina Pérez y Susana Rivero. En representación de la bancada de oposición fueron elegidos la diputada Yovana Jordán del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el senador Arturo Murillo de (Unidad Demócrata).
Medinacelli encabezará el trabajo en el caso de la Cámara de Senadores y Zabaleta lo hará en Diputados.
La resolución que conforma la comisión autoriza además al Senado a realizar los trámites que sean necesarios para lograr el financiamiento del trabajo de este equipo y dispone que “las entidades estatales, instituciones públicas y privadas deberán prestar la información requerida de forma detallada, oportuna y transparente para el desarrollo de los fines investigativos que lleve a cabo la comisión…”.
La primera comisión especial fue formada en julio de 2013 para investigar el proceso de privatización en el período 1990 – 1993, 1993 – 1997 y 1997 – 2001, que incluyó los gobiernos de Jaime Paz, Gonzalo Sánchez de Lozada y Hugo Banzer, quien dimitió un año antes de concluir su mandato viabilizando la sucesión constitucional de Jorge Quiroga.
El 16 de enero, la legislatura 2010-2015 concluyó con la aprobación de un informe y proposición acusatoria contra once exautoridades por los delitos de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica en los casos Funda-Pro y la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe).
Además del expresidente y el jefe de Unidad Nacional (UN), están acusados Carlos Sánchez Berzaín, Fernando Illanes de la Riva, Reynaldo Peters Arzabe, Arturo Beltrán Caballero, Flavio Escóbar, Gonzalo Apcha de la Parra, Alfonso Revollo, Jaime Villalobos, Hernando Candia Castillo, José Luis Landívar y Rolando Suárez Montoya.
La proposición acusatoria fue remitida a la Fiscalía para su investigación y definición de juicio. Entre los que fueron convocados a declarar están Doria Medina, quien rechazó la acusación y la calificó como débil.
Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín radican en Estados Unidos, donde huyeron tras la revuelta social de 2003 que acabó con más de 60 muertos y centenares de heridos. Revollo, uno de los artífices de la capitalización, también estaría en el país del norte.
