Seis años cumplirá, en febrero de este año, la Constitución Política del Estado Plurinacional y ya se ha planteado la posibilidad de una primera reforma para incorporar, de una vez por todas, a la Justicia en este proceso de desarrollo institucional. Con este reto, el presidente Evo Morales comienza su tercera gestión, la que también estará marcada por la necesidad de profundizar la democracia, con mejores indicadores de participación en la toma de las decisiones políticas.
Tanto la profundización real de la democracia como la institucionalización del Estado y la Justicia son planteadas por Jorge Komadina y Franco Gamboa, dos sociólogos y especialistas en el análisis político, desde distintos enfoques. Sin embargo, se puede concluir que ambos apuntan a que el tiempo de las reformas del Estado ya pasó y que es hora de la aplicación. Gamboa incluso precisa: “Las transformaciones del Estado y que figuran en la Constitución Política del Estado (CPE) y que son aplicadas llegan apenas a un 15%”.
Comenzando por esta exigencia, los desafíos para la tercera administración de Morales deberán empezar por ese camino que, coincidentemente, tiene que ver con la democracia. Sobre este reto, Gamboa señala que la votación mayoritaria (61,34%), obtenida por el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), no debe ser malinterpretada, pues no implicará “un cheque en blanco” que abrirá las puertas a una tentación autoritaria. El respaldo, puntualiza Gamboa, debe ser correspondido por un mayor desarrollo institucional basado en el estado de derecho en el que la Justicia tiene un papel protagónico.
Este es un tema de gobernabilidad —complementa. “Diputados, senadores y el Presidente a veces piensan que los votos les han delegado todo el poder. Eso hace que se incurra en abusos de poder y un uso discrecional del aparato burocrático y recursos públicos”, insiste.
Los casos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) o la revelación de la enfermedad del exmagistrado del Tribunal Constitucional Gualberto Cusi son atisbos de los errores que deben ser enmendados, para que “predomine la ley y la Constitución por encima de todo”, remarca.
Lo mismo con Evo Morales: “cree que la elección de magistrados ha sido un error, pero no es que se han equivocado en la elección en sí misma. El error que se niega a reconocer es que con la preselección de candidatos, el Órgano Ejecutivo ha evitado la independencia de poderes, logrando doblegar a la administración de justicia. Superar esto es el desafío” en favor de la fortaleza institucional del nuevo Estado.
El sociólogo Jorge Komadina también habla de que el reto será la ampliación de la democracia, pero en términos distintos al desarrollo verificado hasta el fin del segundo mandato. Para él, las reformas políticas han quedado en el papel, “como es el caso de las democracias distintas a la representativa”.
La Constitución Política del Estado reconoce tres formas de democracia: representativa, participativa y comunitaria. “Se ha demostrado que muchas reformas no han funcionado, por ejemplo, la democracia participativa que está subsumida en los esquemas clásicos de la democracia representativa”, dice.
Asimismo, no se han efectivizado los “espacios que se habían prometido” para la participación ciudadana en el control de la gestión gubernamental y el apoyo a la formulación de políticas de largo aliento.
El otro tema de gran relevancia es la institucionalización del Estado, una tarea pendiente y cuyo desarrollo quedó para la legislatura que comenzó el 18 de enero en Sucre. Este proceso abarcará, por ejemplo, una solución a la crisis del sistema judicial de la que tanto se habla últimamente. Sin embargo, también es una necesidad que debe ser cubierta para todo el aparato estatal. Al respecto Gamboa lamenta: “Se han entregado ministerios a sindicatos y es hora de que la meritocracia sea la regla” en las instituciones públicas.
Desde el inicio de la era democrática, en 1982, los partidos que administraron la estructura estatal evadieron el mérito profesional y pusieron como funcionarios a sus militantes. “El aparato estatal no tiende a la meritocracia y debe hacerlo con urgencia”, dice Gamboa. Para superar esto y hacer efectivas las reformas propone la creación de un ministerio de Reforma del Estado.
Komadina señala lo mismo en cuanto a la Justicia. “Parece que no se está encarando este proceso con la suficiente amplitud. No se trata solo de elegir personal competente en la pirámide de la estructura de la Justicia, sino también garantizar su independencia, particularmente de la influencia del Poder Ejecutivo y garantizar los procesos y no solo personas”, asegura Komadina.
Asimismo, el resto de las grandes reformas, como la puesta en marcha del sistema autonómico y la democracia intercultural, entre otras “han perdido velocidad y sentido. Han sido hechas, pero no aplicadas”.
Entonces, en resumen, la nueva gestión del presidente Evo Morales debe apuntar a la institucionalización del Estado, de este nuevo Estado (fundamentado en los saberes y valores de la Constitución Política del Estado) y por consiguiente también de la Justicia, la no distorsión de mensaje que hay detrás de los resultados electorales, que muestran una ratificación de confianza al MAS, y encarar así la aplicación de las grandes reformas y las leyes estructurales, aún pendientes.
