La Fiscalía General del Estado convocó a través de un edicto al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y al exministro Carlos Sánchez para que asuman defensa en la acusación presentada por la Asamblea Legislativa por la comisión de tres delitos en dos casos por el proceso de capitalización y privatización de empresas públicas.
El edicto fue publicado “en razón de ignorarse el paradero (del exmandatario) y al no tener domicilio conocido en Bolivia”. El documento también menciona que se los cita para “que presenten su declaración informativa en calidad de denunciados”. Fija un plazo de diez días para cumplir con este requerimiento fiscal.
El Legislativo aprobó en enero la proposición acusatoria contra 11 exautoridades, tras una investigación que comenzó en 2013 y que encontró responsabilidades penales por dos casos de privatización y capitalización de empresas públicas. Entre los acusados está el político y empresario Samuel Doria Medina, quien fue ministro de Planificación entre 1989 y 1993.
INFORME. Según el reporte del Legislativo, el 21 de julio de 1993, con los recursos que empezó a administrar Funda-Pro, se creó el Banco de la Producción SA (Banco-Pro), con la participación de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Microempresa (Prodem), cuyo socio mayoritario era Gonzalo Sánchez de Lozada, además de incluir a su empresa minera Comsur SA.
En el caso, además de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, están implicados los exministros Fernando Illanes, Reynaldo Peters y Doria Medina, según el contenido del edicto, en el que se especifica que los citados están vinculados con delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
El segundo caso investigado está relacionado a la capitalización de una subsidiaria de la Empresa Nacional de Ferrocarriles.
