El alcalde metropolitano de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, fue imputado ayer por conspiración y asociación para delinquir al final de un día en el que las muestras de solidaridad de simpatizantes y gobiernos extranjeros se juntaron con el llamado de “solidaridad” de Venezuela a ejecutivos “hermanos”.
Ledezma, un día después de ser detenido, ya sabe que su lugar de reclusión hasta que se decida si va o no a juicio será el penal militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, cárcel que compartirá con, entre otros, el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, como él perteneciente al ala radical de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática.
A partir de ayer la Fiscalía cuenta con 45 días para presentar sus actos conclusivos ante el juez para que el togado decida si las pruebas son suficientes para juzgar a Ledezma por dos delitos que lo podría dejar entre rejas entre ocho y 16 años el de conspiración y de seis a diez el de asociación para delinquir.
La esposa de Ledezma, Mitzy Capriles, comentó que vio a su marido “tremendamente esperanzado” con —dijo— “esta nueva Venezuela que está abriendo los ojos frente a esta injusticia”.
A pesar de ser señalado como parte activa dentro de un supuesto plan de golpe de Estado ya desactivado, el comunicado de la Fiscalía señala que Ledezma fue detenido por su supuesta vinculación con unos estudiantes venezolanos apresados tras su expulsión de Colombia en septiembre pasado y acusados de conspiración para la rebelión poco después.
