La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz rechazó hoy el cese de la detención preventiva solicitada por Selva C.. Luis B. C. y Yalile B., quienes son investigados por supuestamente pertenecer a un red de corrupción que funcionaba al interior de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Selva C., exjefa de una unidad de la estatal petrolera, sostuvo que, a pesar de esta determinación de las autoridades judiciales, existe un gran avance para que en pueda obtener su libertad y defenderse de las denuncias en su contra.
«No va ser posible que me defienda en libertad, pero agradezco con el fallo de los vocales porque se enmienda en algo todos los atropellos la violaciones a nuestros derechos que se hizo y bueno yo creo que esta más corto el camino hacia nuestra libertad», manifestó Camacho a la conclusión de una audiencia la mañana de este lunes.
La acusada, quien mantiene detención preventiva en la penitenciaria de Palmasola en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, lamentó que por las denuncias en su contra se le hayan congelado su salario, el subsidio de lactancia que recibe por su hijo de tres meses y la atención en la Caja Nacional de Salud.
Por otra parte, su abogado Ramiro Vega dijo que el Tribunal judicial vio errores en el actuar del Ministerio Público y de la Policía que aprehendió a su cliente violando derechos constitucionales y humanos, pero aún existen algunos procedimientos que se deben realizar para conseguir la libertad de Selva C..
«A Selva C. se le ha otorgado detención preventiva por cuatro riesgos de los cuales este tribunal ha determinado que tres no existen y nunca han existido sólo hay uno y la única razón por lo que se ha decidido mantener separada a Selva Camacho de sus hijos. Hay varios imputados no se ha determinado que Selva podría influenciar en la gente, simplemente hay varios imputados», dijo.
El caso salió a la luz pública en 2014. En diciembre pasado, el extinto presidente de YPFB, Carlos Villegas, reveló la existencia de un clan famliar que se benefició con la firma de contratos de publicidad, entre otros.
Al menos seis personas fueron imputadas por los delitos de asociación delictuosa, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, cohecho pasivo, cohecho activo y enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.
