El exgobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, será citado a prestar declaraciones en el marco del caso Terrorismo, informó hoy el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero. La exautoridad fue implicado por los sentenciados Mario Tadic y Elöd Tóásó que lo vincularon con el supuesto terrorista Eduardo Rózsa Flores victimado en 2009.
«Se va convocar tanto al señor Rubén Costas como otras personas que están siendo implicadas en este tema», dijo Guerrero.
Según Guerrero, Costas será citado porque dos sentenciados del caso denominado Terrorismo I, el boliviano-croata Tadic y el húngaro Tóásó, revelaron su supuesta implicación en los hechos.
Ambos declararon, por separado, que Costas contrató en 2009 al líder de la célula terrorista, Eduardo Rózsa Flores, para conformar un grupo de mercenarios con la misión de dividir al país.
En ese contexto, Guerrero explicó que Costas será convocado por una comisión de seis fiscales que investigan el caso llamado Terrorismo II, una vez que audiencias efectuadas por el primer proceso terminen esta semana en la ciudad de Santa Cruz.
El caso Terrorismo I se investiga desde abril de 2009, después que la Policía desarticuló una célula terrorista en un céntrico hotel de la ciudad de Santa Cruz, que estaba liderada por el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa.
Rózsa Flores había conformado una agrupación de mercenarios extranjeros financiados desde Bolivia para ejecutar acciones terroristas y secesionistas destinadas a desestabilizar al gobierno del presidente Evo Morales.
Los hechos hicieron que se abra un primer proceso penal el 1 de octubre de 2012 con 30 implicados en los hechos materiales del caso y 17 personas declaradas rebeldes.
La pasada semana fueron sentenciados Ignacio Villa Vargas (alias El Viejo), a Juan Kudelka, a boliviano-croata, Mario Tadic y al húngaro Elöd Tóásó, porque admitieron su participación en el movimiento separatista liderado por Rózsa.
Sin embargo, el Ministerio Público sigue desde el 21 de julio de 2011 un proceso paralelo, llamado Terrorismo II, para determinar que personas e instituciones financiaron la conformación del grupo irregular liderado por Rózsa.
La indagación comenzó con una lista de 35 sospechosos de cometer delitos de organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas, entre ellos varias autoridades y legisladores e incluso ejecutivos de entidades privadas de Santa Cruz.
