Dos nuevas denuncias se sumaron en el caso de la red de fiscales y funcionarios extorsionadores de El Alto. El Ministerio Público informó que se investiga a otras personas más, todos abogados de dicha ciudad. El sábado, la Policía aprehendió a Juan A., de la División Homicidios, y Édgar A., de la División Flagrancia, ambos de la Fiscalía de El Alto, además de un pasante, en un operativo que se realizó tras una primera acusación recibida el jueves 22.
“Son dos denuncias más, el lunes se apersonó una señora denunciando a Édgar A. por extorsión cuando trabajaba como fiscal en Diprove (Dirección de Prevención de Robo de Vehículos). Ya forma parte del cuaderno de investigación. Hay otra denuncia, pero no tengo los datos”, señaló ayer a La Razón el fiscal Humberto Quispe.
Según la indagación, ambas exautoridades, que guardan detención domiciliaria y ya fueron destituidas, falsificaron la credencial del ayudante —para que trabaje también como fiscal—, realizaron operativos e inclusive emitieron órdenes de aprehensión falsas con el objetivo de atemorizar a las personas, para luego extorsionarlas.
Al ayudante, quien se encuentra con detención preventiva en el penal de San Pedro, se le halló hojas en blanco con la firma y sello de Juan A. y Édgar A., trabajaba para ellos sin recibir un salario mensual.
Quispe informó que cada fiscal atiende hasta 1.500 casos. Mientras que Juan A. desempeñaba su función desde hace dos meses, Édgar A. fue designado en agosto de 2014.
Otras personas más son investigadas, todas son abogados relacionados con los litigios.
Comisión. Desde ayer una nueva comisión de fiscales se encarga de la pesquisa. Se trata de Elmer Cruz y María Villalta, de la División de Corrupción Pública. En tanto, Félix Marín, designado anteriormente, se excusó. “Se ha excusado porque manifestó mediante documentación que tiene algún tipo de amistad estrecha con Édgar A. desde la facultad”, aclaró Quispe, quien organiza operativos especiales y remite los casos a la unidad correspondiente. Mañana se podrían desprecintar las oficinas de los imputados, ubicadas en el segundo piso de la Fiscalía alteña, con lo que se recabaría toda la documentación necesaria.
“Tendremos otros elementos de prueba porque ahí están las resoluciones. Vamos a ver a quiénes han favorecido con esas resoluciones de procedimientos abreviados o algún sobreseimiento”, manifestó el fiscal, quien también solicitó que en caso de existir otras personas afectadas, que denuncien las extorsiones ante la Fiscalía.
