La tesis jurídica de Bolivia —fundada en la teoría de los actos unilaterales de los Estados— en el juicio que ha entablado contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) está basada en cuatro hechos históricos probados documentalmente, según se puede leer en la Solicitud para instaurar procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia, texto conocido como la demanda marítima boliviana ante la CIJ.
Esta tesis sostiene que los ofrecimientos chilenos de una salida soberana para Bolivia realizados en distintos momentos de la historia fundan una obligatoriedad de La Moneda a entablar una negociación sobre las bases que ese país estableció.
Los cuatro hechos históricos que Bolivia presenta como prueba de los actos unilaterales chilenos —cada uno de los cuales son abordados en esta edición— son el Tratado de Transferencia de Territorios de 1985, el Acta Protocolizada de 1920, las notas diplomáticas de 1950 y las negociaciones de Charaña iniciadas en 1975. En cada una de estas ocasiones Chile demostró una conducta de Estado conducente a resolver el enclaustramiento marítimo boliviano mediante la cesión de una salida soberana para el país.
A partir de mediados de los años 80 del siglo pasado, los diferentes gobiernos chilenos no honraron esa conducta de Estado favorable a solucionar el enclaustramiento marítimo provocado por la invasión chilena de 1979. Esa inconsistencia de los últimos administradores de La Moneda ha causado perjuicios a Bolivia que, confiada en la conducta antes favorable, ha invertido décadas en negociaciones infructíferas, por lo que pide a la CIJ que falle a favor de la obligatoriedad que tiene Chile de negociar una salida al mar que se base en las mismas proposiciones que ese país hiciera en el pasado.
Por lo demás, existe una jurisprudencia que muestra que la CIJ falló a favor de países que también argumentaron sus casos con la teoría de los actos unilaterales.
