La dirigencia del Pacto de Unidad demandó hoy acelerar las investigaciones sobre las denuncias de corrupción en el Fondo Indígena y consideró que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras también deberá responder en este caso. Además recordó que ya entre 2009 y 2010 exigieron una auditoría y la reingeniería de la institución.
El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Rodolfo Machaca, informó que el Pacto de Unidad, que aglutina a las organizaciones sociales afines al oficialismo, será parte civil en el proceso judicial para esclarecer las denuncias de corrupción de los fondos destinados a proyectos del área rural.
“En el caso de la Ministra (de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo) nosotros no podemos decir (si tiene algún grado de responsabilidad)…como Ministerio tienen también ellos que responder”, sostuvo Machaca a la conclusión de una reunión entre dirigentes del bloque y el presidente Evo Morales, en Palacio de Gobierno.
Machaca demandó acelerar las investigaciones para establecer responsabilidades y reiteró que el Pacto de Unidad será parte civil en las investigaciones. Añadió que debe apuntarse a crear un “nuevo rostro e institucionalidad”.
El 12 de febrero, la Contraloría detectó un daño económico al Estado por 71 millones de bolivianos en 153 proyectos que nunca llegaron a ejecutarse. El caso fue derivado a la Fiscalía para investigar y establecer responsabilidades. El 23 de febrero, el Ministerio de Lucha Contra la Corrupción intervino el fondo para indagar sobre los supuestos malos manejos.
Machaca recordó que el Pacto de Unidad, entre 2009 y 2010, exigió al Directorio auditorías y la reestructuración de la institución para un “mejor manejo”.
«Los directores como los técnicos han hecho caso omiso, por eso nosotros ahora nos constituimos en parte civil porque no han cumplido con estas resoluciones”, cuestionó en la conferencia de prensa acompañado por cinco dirigentes de distintas organizaciones sociales.
El dirigente adelantó que plantearán redefinir el rol del Control Social, con mayor fuerza en seguimiento y fiscalización. Y exigieron a sus bases presentar los descargos de los proyectos.
Según el decreto 2274 de intervención del fondo, a cargo de Lariza Fuentes, el proceso de fiscalización se extenderá por seis meses.
