La interventora del Fondo Indígena Lariza Fuentes fue convocada por la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores para aclarar mañana las denuncias de corrupción en la entidad y el daño económico provocado al Estado por proyectos no concluidos o inexistentes. La Contraloría detectó, en febrero, un daño económico de 71 millones de bolivianos.
Óscar Ortiz, senador opositor por Unidad Demócrata (UD) y presidente de la Comisión, sostuvo que el informe apunta a aclarar los supuestos casos de corrupción, ya sea acusando o exculpando a cualquier persona que tenga relación con los hechos.
La convocatoria se da a una semana de que Fuentes fuera posesionada como interventora del Fondo Indígena por la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, con la misión de transparentar la gestión, encarar procesos judiciales y ajustes administrativos para la fiscalización y hacer seguimiento y cierre de los proyectos aprobados y financiados por el fondo.
Ortiz explicó que el Órgano Legislativo, conforme a la Constitución Política del Estado (CPE), tiene la facultad de fiscalizar a las instituciones públicas y toda entidad en la que tenga participación económica el Estado.
En caso de una negativa de concurrir a la cita, la Comisión remitirá al Pleno un Proyecto de Resolución Camaral disponiendo la suspensión temporal del funcionario responsable y de no remediarse la situación de incumplimiento, se procederá a su destitución.
La Contraloría detectó un daño económico de 71 millones de bolivianos en 153 proyectos de desarrollo productivo y social que no se ejecutaron.
Otros 100 proyectos que recibieron 74,6 millones de bolivianos no cerraron de manera formal su labor, por lo que no se tiene constancia de su ejecución, y 169 proyectos no tienen el “cierre” correspondiente, pese a que recibieron el 100% de los recursos que alcanzan a 132 millones de bolivianos.
Achacollo será interpelada por el mismo caso el 13 de marzo próximo, según anunció el presidente del Senado, Alerto Gónzales.
