La presión sobre la Asamblea Legislativa para que apruebe el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 reformulado sube día a día. La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia), alcaldes de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) y autoridades del Ejecutivo suman voces para que el legislativo priorice aprobar las leyes que irán a la inversión pública.
El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, dijo ayer que el Gobierno aguarda que la nueva legislatura 2023-2024 priorice la inversión pública y apruebe el PGE lo antes posible.
“Esperamos que esta nueva legislatura a través de las diferentes comisiones, tanto en Diputados como en Senadores, puedan priorizar el tratamiento y la discusión de estos proyectos de ley. Al final de cuentas no benefician de manera directa al Gobierno, sino que van en beneficio de la población”, dijo en Unitel.
Cusicanqui recordó que en la Asamblea están paralizados proyectos por $us 469 millones, entre los cuales hay proyectos de riego tecnificado, que los municipios urgen debido a la sequía que azota a gran parte del país.
Amdecruz. Otro de los sectores que también presiona para la aprobación del PGE reformulado es la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), que llegó a La Paz con una comisión de 30 alcaldes cruceños.
El vicepresidente de Amdecruz, Pedro Damián Dorado, denunció que algunos legisladores dilatan la aprobación del PGE por «revancha y sabotaje político». Recordó que los municipios requieren de esos recursos para atender «el desastre» de la sequía y los incendios forestales.
«Hay algunos diputados y senadores que, por revancha política, por miopía política, están dilatando. Están saboteando la aprobación de la ley de los recursos que aprueban los adicionales», dijo.
PGE
Dorado informó que se mantendrán en vigilia en puertas del Legislativo. Y les recordó que los recursos adicionales del PGE beneficiarán a 340 municipios, a las gobernaciones y universidades del sistema público.
«Estos recursos no son para el presidente Lucho (Luis Arce) ni para los gobernadores ni para los alcaldes. Estos recursos los necesitamos para atender la emergencia, el desastre de la sequía, de los incendios forestales que estamos viviendo», aclaró.
Asimismo, desde el miércoles, la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) instaló una vigilia en puertas de la Asamblea Legislativa con el mismo pedido.
La Cámara de Diputados aprobó por mayoría absoluta el proyecto de ley y la remitió al Senado, donde fue aprobado con modificaciones por senadores de la llamada ala evista y la oposición.
Por procedimiento, la norma volvió a Diputados y se rechazó las modificaciones, lo que obligó a que sea tratada en sesión de Asamblea.
De acuerdo con el proyecto de Ley del PGE reformulado, se adiciona recursos y gastos para las entidades del sector público por un total agregado de Bs 6.455.173.440; y un presupuesto consolidado de Bs 5.421.775.252, de ese monto se destinará Bs 868 millones a los gobiernos municipales, Bs 353 millones a las universidades públicas y Bs 39 millones a las gobernaciones.
El PGE Reformulado refuerza la inscripción de recursos de las entidades subnacionales y el nivel central, para continuar con la ejecución de proyectos de inversión pública, según los reportes oficiales.
