El procurador anticorrupción de Perú, Joel Segura, afirmó hoy que las autoridades peruanas cumplirán con los requerimientos de la justicia boliviana para evitar que el empresario Martín Belaunde Lossio quede en libertad el próximo 21 de marzo.
Segura comentó de esa manera la advertencia que hizo el ministro boliviano de Gobierno (Interior), Hugo Moldiz, quien dijo el miércoles que Belaúnde Lossio podría quedar en libertad porque las autoridades peruanas no han tramitado oficialmente su extradición ni pidieron ampliar su detención preventiva.
«Estamos con los términos muy cortos, pero tengan por seguro que el sistema de justicia de Perú va a tener que cumplir con ese rol.
Yo aseguro que Martín Belaunde Lossio no saldrá en libertad el 21 de marzo», enfatizó el procurador en declaraciones a la emisora RPP Noticias.
Segura reconoció que se requiere que el Poder Judicial peruano apruebe el pedido de extradición del empresario, quien fue asesor del presidente Ollanta Humala durante la campaña electoral del 2006, para poder pedir la ampliación de su detención preventiva.
«Tenemos que presentar un nuevo pedido de extradición, la misma que tiene que ser aprobada por la Corte Suprema y vía cooperación internacional y Cancillería llegar al Tribunal Supremo para que esta pueda evaluar. Y en esos términos pedir la extensión de la prisión que el ministro de Gobierno (Moldiz) estaba haciendo comentarios», concluyó.
El procurador añadió a la agencia oficial Andina que «la Fiscalía y el juzgado, de acuerdo a sus funciones, están trabajando intensamente en preparar el nuevo pedido» que, según consideró, estará listo durante esta semana «Entiendo que en el transcurso de esta semana está subiendo el nuevo pedido a la Corte Suprema, para que sea evaluado, admitido y pase a Bolivia», señaló.
La Corte Suprema de Justicia peruana rechazó el 7 de febrero pasado los términos de una primera solicitud de extradición de Belaunde Lossio, al señalar que en Bolivia solo se aplica los delitos de peculado (malversación de fondos públicos) y asociación ilícita a los funcionarios públicos.
Belaúnde Lossio, que está bajo arresto domiciliario en La Paz desde el pasado 21 de enero, está acusado de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado peruano en gobiernos regionales y obtener beneficios económicos personales, por lo que un tribunal de su país ordenó en mayo pasado su detención preventiva durante 18 meses.
Según el Gobierno peruano, es el presunto autor de delitos contra la administración pública, malversación de fondos públicos y asociación ilícita para delinquir y tiene una orden de captura internacional desde el 11 de septiembre de 2014.
El empresario mantiene un recurso de apelación en la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) para que ese órgano reconsidere su solicitud de refugio en Bolivia, desestimada en primera instancia por el organismo boliviano el 23 de enero.
Según Moldiz, la Comisión de Impugnación del Conare deberá pronunciarse la próxima semana sobre esa apelación.
Tras conocerse las declaraciones del ministro boliviano, el presidente Humala anunció ayer la convocatoria a una reunión con ministros y exministros de su Gobierno para tratar los próximos pasos que el Estado peruano seguirá en este caso.
«No podemos dejar de defender con firmeza y transparencia los intereses nacionales, ni evadir la situación de una persona que es solicitada por la Justicia peruana. Tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo para que se presente ante el juez, al margen de que sea culpable o inocente», sentenció Humala.
