El Ministerio Público solicitó a la Asamblea Legislativa, a través del Tribunal Supremo de Justicia, autorizar el inicio de un juicio de responsabilidades en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni), por la privatización de Enfe y Focas.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, a través de un boletín de prensa, informó que el miércoles por la tarde, el Ministerio Público presentó ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el requerimiento acusatorio en el que se pide autorizar el juzgamiento de Sánchez de Lozada.
El requerimiento acusatorio tiene base en los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, referidos a los casos Focas (Formación de Capital en Áreas Secundarias) y Enfe (Empresa Nacional de Ferrocarriles), que fueron investigados por una comisión del legislativo durante la pasada gestión.
Guerrero explicó que, de acuerdo a procedimiento, la Fiscalía primero presenta el requerimiento ante la Sala Penal del TSJ, instancia que la derivará a la sala plena para que ésta, luego, la remita a la Asamblea. Es el Órgano Legislativo que, finalmente, deberá definir si autoriza o no el procesamiento del exmandatario.
Tras la recolección de antecedentes, realizada en el plazo de 30 días hábiles, la Fiscalía General encontró indicios penales y estableció la existencia de hechos que pueden ser llevados a un tribunal de justicia. Guerrero dijo que, por ese antecedente, se pidió la autorización por haber encontrado materia justiciable en la conducta de Sánchez de Lozada, radicado en Estados Unidos, desde octubre del 2003.
Guerrero también aclaró que el expresidente es el único que goza de un juicio de privilegio, mientras que para las otras diez exautoridades acusadas habrá un pronunciamiento de la Fiscalía luego de que la Asamblea tome una decisión.
La determinación del Ministerio Público es producto de una investigación efectuada por una comisión del anterior Legislativo que, en enero, presentó su informe.
En la pesquisa halló responsabilidades penales por casos de privatización y capitalización de empresas públicas. Entre los acusados está el político y empresario Samuel Doria Medina, quien también llegó a Sucre para su declaración informativa por este caso.
