El Gobierno brasileño negó ayer alguna intervención para influir en la decisión de la Corte Suprema de abrir investigaciones contra medio centenar de políticos, incluyendo los presidentes de las cámaras legislativas, por las corruptelas de la estatal Petrobras.
“Quiero reafirmar que en ningún momento el Gobierno o cualquiera de sus miembros ejerció o hizo algo para influir en la decisión, o colocar o retirar nombres en la lista de investigados”, afirmó el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, en una rueda de prensa.
Cardozo salió al paso de las declaraciones en las que algunos de los acusados, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, atribuyeron su inclusión en la lista a maniobras del Gobierno contra políticos que incomodan al Ejecutivo.
A petición de la Procuraduría General de la República (Fiscalía), el magistrado Teori Zavascki autorizó el viernes en la noche la apertura de investigaciones contra 49 personas, entre ellas 12 senadores, 22 diputados y 12 exdiputados de cinco partidos, en su gran mayoría de la base oficialista, por el escándalo en Petrobras.
Además de Cunha, la lista incluye al presidente del Senado, Renan Calheiros, al expresidente brasileño Fernando Collor, y a cuatro exministros de la presidenta Dilma Rousseff: los senadores Edson Lobao (Minas y Energía) y Gleisi Hoffmann (Presidencia), el exdiputado Mario Negromonte (Ciudades) y Antonio Palocci (Presidencia).
Cardozo afirmó que es ilógico acusar al Gobierno de influir en una decisión que terminó afectando en su mayoría a políticos del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) o de sus aliados.
Añadió que, por la división de poderes, el Gobierno tampoco puede influir en las decisiones de la Corte Suprema. Dijo que las investigaciones serán abiertas con base en los testimonios presentados por dos acusados que colaboran con la Fiscalía brasileña.
