Según el expediente del caso Terrorismo II, el Ministerio de Gobierno dejó de ser parte querellante en ese proceso porque presentó a destiempo la acusación particular y sus abogados no acompañaron el poder notariado. Ese despacho apelará esa determinación.
La documentación, que cursa en el Tribunal 5° de Sentencia, sostiene que la denuncia particular fue presentada a las 18.55 del 20 de marzo, cuando los funcionarios solo trabajan hasta las 18.30. Además, el poder notariado fue remitido recién el 26 de marzo.
El 23 de marzo, el Tribunal 5° dispuso que se ponga en conocimiento de los 14 imputados la acusación fiscal y sus pruebas de cargo “para que dentro de los diez días siguientes a su notificación ofrezcan y presenten físicamente las pruebas de descargo”.
“Nosotros oficialmente no estamos fuera del proceso y tenemos las vías, los medios, la impugnación, recursos y hasta (la posibilidad de) presentar un incidente para poder desahuciar el criterio del Tribunal 5° de Sentencia. Vamos a agotar todas las vías para que esa decisión se revoque porque es arbitraria”, aseguró Marcelo Gutiérrez, abogado del Ministerio de Gobierno. Explicó que la decisión del Tribunal puede ser apelada porque está sujeta a revisión del Tribunal Departamental de Justicia.
Manifestó que si bien la acusación particular fue presentada a las 18.55, el plazo para ello vencía recién a las 00.00 de ese día. De acuerdo con Gutiérrez, la juez debe emitir una nueva disposición notificando a los imputados con la acusación particular.
En el caso Terrorismo II, que ya está para el inicio del juicio, el Ministerio Público acusa a 14 personas y a siete instituciones de estar involucradas con el financiamiento al grupo separatista, al mando de Eduardo Rózsa, desarticulado en Santa Cruz el 16 de abril de 2009 y por el que se desarrolla un litigio conocido como Terrorismo I.
