Los diputados de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe y María Eugenia Calcina, formalizaron ayer ante la Fiscalía de Distrito de La Paz una denuncia contra el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera por delito de «coacción electoral», acción legal que de inmediato fue rechazada por el oficialismo.
«No creo que se (el Presidente) esté ante una figura de coacción electoral, el que sí ha coaccionado de manera evidente y fragante fue (Samuel) Doria Medina (jefe de la opositora Unidad Nacional) cuando aterrorizaba a la gente diciéndole que si lo elegían a Evo iba a haber gasolinazo», sostuvo hoy en conferencia de prensa el presidente del Senado, José Alberto Gonzáles.
Los opositores fundamentaron su denuncia refiriendo las últimas declaraciones que hizo el Jefe de Estado en las que advirtió que no trabajaría con los opositores que eventualmente ganen en las elecciones subnacionales convocadas para el 29 de este mes.
«El presidente Evo Morales advirtió que no trabajará en El Alto, ni en el departamento de La Paz si los candidatos de la oposición ganan en las elecciones del 29 de marzo de 2015. Con estas declaraciones Morales instó a apoyar a los candidatos del Gobierno sin tomar en cuenta que este tipo de declaraciones se adecúan a un delito descrito dentro de la Ley del Régimen Electoral», establecen en su memorial los legisladores, según informa la Agencia de Noticias Fides.
La denuncia tiene base en el artículo 238 de la Ley del Régimen Electoral, referida a los delitos electorales, que en su inciso c) se refiere a la «coacción electoral». Los asambleístas pidieron a la autoridad iniciar un proceso y sancionar a los mandatarios por sus declaraciones que tendrían un fin el de «chantajear» y «dirigir» el voto a favor de los oficialistas.
El 7 de marzo, en un acto en la ciudad de El Alto, Morales dijo que no trabajaría con autoridades electas de la derecha y cuatro días después García Linera reforzó la idea al declarar que “no es posible trabajar con los opositores, porque los opositores hacen política y politiquería y el Gobierno hace obras; mientras unos hacemos obras otros están haciendo cálculos políticos y eso es imposible de conciliar”.
Según Gonzales, el objetivo de las declaraciones de los mandatarios fue recordar a la población la dificultad que atraviesa el Ejecutivo para coordinar la ejecución de obras con autoridades regionales de oposición.
«Los alcaldes o gobernadores se convierten en un obstáculo para poder llevar adelante las obras que beneficiarán a la ciudadanía», dijo.
