La comisión de fiscales que investiga el caso Chaparina ordenó el sobreseimiento del exviceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, y exjefes policiales al no hallar pruebas sobre su participación en la represión policial a los indígenas del TIPNIS en septiembre de 2011.
El excomandante general de Policía, Víctor Maldonado; el exinspector general, Edwin Foronda; y otros coroneles y generales, quedaron fuera del proceso por no hallarse pruebas en su contra, según reportó hoy Red Uno.
Al menos 800 indígenas, entre mujeres, niños y adultos, del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) fueron golpeados y gasíficados por un contingente policial en Chaparina, entre las localidades benianas de San Borja y Yucumo, la tarde del 25 de septiembre de 2011 en un momento de descanso en su marcha hacia la ciudad de La Paz en protesta por la construcción de una carretera por el medio del parque.
La abogada de las víctimas Aida Camacho lamentó la decisión del Ministerio Público y anunció que utilizará todas las vías de impugnación para objetar la resolución.
Si es necesario, apuntó Camacho, recurrirá a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). «Esta situación demuestra que no existe justicia en Bolivia, a pesar de haber visto con nuestro propios ojos cómo se violaron los derechos humanos, el día de hoy no hay un solo culpable».
Según Camacho, la única persona que se mantiene en el proceso como responsable es el exsubcomandante de Policía Óscar Muñoz Colodro. Al respecto, el senador opositor Óscar Ortiz denunció el sometimiento de la Justicia a instrucciones desde el Gobierno.
«Esta es una nueva muestra de injusticia en el país, de falta de protección a los derechos y de impunidad frente a los abusos que comete el Gobierno», declaró.
El exviceministro Farfán fue imputado por primera vez en el caso en mayo de 2012 por el delito de incumplimiento de deberes al ser la máxima autoridad presente el 25 de septiembre de 2011 y no evitar la represión. En noviembre de 2014, el exfuncionario volvió a ser imputado por delito de omisión, que con la determinación fiscal volvió a quedar sin efecto.
El exministro de Gobierno en ese entonces, Sacha Llorenti, fue sobreseído por la justicia en febrero de 2014 porque no se encontró “materia justiciable” ni «pruebas documentadas». La exautoridad cumple hoy funciones como Embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).
