El exdirector de Servicios de la petrolera brasileña Petrobras Renato Duque, uno de los acusados en la investigación por un esquema de corrupción en la compañía estatal, volvió hoy a ser detenido durante un operativo de la Policía Federal (PF) en Río de Janeiro.
Duque fue arrestado en su residencia en Río de Janeiro en la décima fase del operativo policial montado durante la investigación sobre el caso de Petrobras y que esta vez cumple dos órdenes de prisión preventiva, cuatro de encarcelamiento temporal y doce de allanamiento decretadas por la Justicia.
La otra orden de prisión preventiva era contra el empresario Adir Assad, detenido también durante la mañana del lunes en su residencia en Sao Paulo.
El caso se investiga desde hace casi un año y se refiere a una vasta red de corrupción enquistada en la petrolera estatal desde hace más de una década y que se habría apropiado de varios miles de millones de dólares.
En diciembre pasado, Duque había sido arrestado en la séptima fase del operativo, pero recibió un hábeas corpus y recobró la libertad días después.
El nombre de Duque fue citado varias veces durante las declaraciones a la Justicia de tres delatores del proceso: su subordinado Pedro Barusco, exgerente de Servicios; Paulo Roberto Costa, exdirector de Abastecimiento, y Alberto Youssef, empresario acusado de mover el dinero de sobornos en sus casas de cambio.
Los tres señalaron que Duque era uno de los que recibía directamente el soborno pagado por empresas constructoras y que era luego repartido entre políticos y partidos.
Hasta ahora, la Policía ha llevado a prisión a exdirectivos de Petrobras y a un grupo de empresarios que participaban en turbios negocios con la estatal.
Según las autoridades, los empresarios obtenían contratos con Petrobras, inflaban los precios, repartían parte de esa diferencia con directores de la estatal y el resto lo distribuían entre los políticos, que lo recibían clandestinamente o por la vía legal, como «donaciones» para sus campañas electorales.
La Justicia, además, investiga a más de cincuenta políticos que supuestamente se beneficiaron del esquema de corruptelas.
El Congreso también instauró una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), facultada con amplios poderes para convocar testigos y aprobar la suspensión del secreto bancario, fiscal o telefónico de cualquier acusado.
En el operativo policial de este lunes participan cuarenta agentes para cumplir las 18 órdenes de la Justicia en las ciudades de Río de Janeiro y Sao Paulo.
