La Defensoría del Pueblo expresó su protesta y rechazo a la decisión asumida por la comisión de fiscales que investiga el caso Chaparina, que dispuso el sobreseimiento del exviceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, además de 11 jefes policiales.
A través de un informe, la Defensoría señaló que de manera directa o indirecta los sobreseídos tuvieron participación o responsabilidad en los hechos de represión contra los indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en Chaparina, Beni, el 25 de septiembre de 2011.
«Tanto la exautoridad como los miembros de la Policía Boliviana que han sido favorecidos por la determinación fiscal, fueron señalados en el informe defensorial respecto a la violación de los derechos humanos en la marcha indígena, presentado públicamente en noviembre de 2011, luego de un proceso de investigación que los identificó dentro de este evento, que se constituye el episodio más execrable cometido contra los pueblos indígenas, y en el hecho más contradictorio en el proceso de construcción del Estado Plurinacional», señala el informe.
Esta determinación de los fiscales junto a la decisión asumida en 2013 de excluir de la investigación al exministro de Gobierno de esa época, Saha Llorenti -afirma el pronunciamiento- «se apartan del principio de justicia, y siembran serias dudas respecto a la intención del Ministerio Público de averiguar la verdad histórica de los hechos a través de una investigación imparcial, responsable, seria e independiente que permita al sistema judicial procesar y sancionar a los responsables».
Los sobreseídos son el exviceministro Farfán, el general Modesto Palacio, el general en retiro Gino Catacora, al coronel Óscar Chávez, y los coroneles Enrique Albarracín, Antonio Zegada, José Luis Araníbar, Jorge Cadina y Edmundo Rivero, imputados por la presunta comisión de delitos, lesiones graves y leves, vejación, tortura, privación de libertad, coacción y encubrimiento de deberes.
También fueron beneficiados el general (r) Víctor Maldonado, el teniente coronel Fernando Torrico y la cabo Angélica Cáceres.
Según la Defensoría, ésta determinación asumida por los fiscales Roger Velásquez, José Villarroel y Luis Ferrufino, «parece mostrar la decisión de dejar en la impunidad este crimen, protegiendo a quienes lo instruyeron, perpetraron y permitieron».
