A poco más de un mes de haberse intervenido el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), se remitieron a la Fiscalía denuncias penales contra ocho personas, informó hoy la directora-interventora de esa institución, Lariza Fuentes. Recordó además que las actividades del Fondo fueron paralizadas.
El 25 de febrero, Fuentes fue posesionada por la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, como interventora, con la misión de transparentar la gestión, encarar procesos judiciales, realizar ajustes administrativos para la fiscalización y hacer seguimiento y cierre de los proyectos aprobados y financiados.
“En este momento ya tenemos ocho procesos penales iniciados», informó esta mañana a los medios, sin brindar mayores detalles. Lo hizo tras brindar un informe del trabajo que realiza ante la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos de la Cámara de Senadores.
En el informe explicó sobre los avances investigativos en torno a los 1.100 proyectos del Fondioc. Dijo que actualmente realizan una “recopilación de toda la información” para ver en qué estado está cada uno de ellos y determinar si hubo o no irregularidades en su ejecución.
Desde que se inició con la intervención, Fuentes afirmó que se paralizaron las operaciones y no se realiza ningún tipo de desembolso. “Queremos ordenar primeramente la casa y posteriormente se tomarán las determinaciones”, respondió ante una consulta del presidente de la comisión, senador Óscar Ortiz. “Existe la documentación (de los proyectos), sin embargo está dispersa, está desordenada”, agregó.
La Contraloría detectó un daño económico de Bs 71 millones en 153 proyectos de desarrollo productivo y social que no se ejecutaron. Otros 100 proyectos que recibieron Bs 74,6 millones no cerraron de manera formal su labor, por lo que no se tiene constancia de su ejecución, y 169 proyectos no tienen el “cierre” correspondiente, pese a que recibieron el 100% de los recursos que alcanzan a Bs 132 millones.
Fuentes afirmó que en los cinco meses que restan se tendrán resultados del trabajo que se realiza.
Dentro de las investigaciones en este caso, el Juzgado 2° de Instrucción en lo Penal de Beni envió ayer con detención preventiva a la cárcel de Mocoví al exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) César Quisbert por el delito de corrupción en el Fondo Indígena, mientras que otras dos personas tienen medidas sustitutivas.
