Con todos los riesgos que implica inmiscuirse en asuntos que son competencia de expertos, pero que a uno le incumben, deseo reflexionar sobre tres cuestiones que parecen sencillas. En una curva de la autopista La Paz-El Alto, algunos policías han decidido atrincherarse a la caza de conductores infractores. Uno, con el medidor de velocidad para vehículos, y otros dos o tres con banderillas para instruir que el vehículo se detenga a un lado de la vía. Llaman la atención y reflexionan sobre el exceso de velocidad a los infractores y, en muchos casos, se negocia si el conductor prefiere un arreglo o una boleta (multa).
Los uniformados explican que la velocidad máxima para la autopista es de 65 kilómetros por hora, porque esa vía ha dejado de ser una autopista, para convertirse en avenida (en las autopistas la velocidad máxima es 80). En efecto, no hace mucho tiempo se difundió que los expertos habían resuelto, en concordancia con las autoridades municipales, que la autopista sea una avenida y, por ello, el límite de velocidad ahora se ha reducido.
El problema es que en los 11,7 kilómetros de la autopista no existe ninguna información, desde la partida hasta la meta, que diga cuál es la velocidad permitida. Lo obvio es que un asunto tan importante, a favor de la seguridad de quienes transitan la vía, debería estar remarcado a lo largo del trayecto. Parece sencillo colocar carteles grandes, que adviertan al conductor sobre la velocidad máxima. Y que los efectivos de la Unidad Operativa de Tránsito no esperen agazapados para sorprender a los infractores, sino que estén a la vista, en las rectas, para que los conductores sepan que están siendo vigilados.
También deseo comentar sobre la restricción vehicular. Esta medida fue adoptada para reducir el embotellamiento en el centro de la sede de gobierno. El lunes no ingresan a cierta área las placas que terminan en 1 y 2; el martes, 2 y 3, y así hasta el viernes. En el inicio de la campaña, la Alcaldía puso grandes letreros que advertían el área de restricción. No obstante, muchos de estos anuncios han desaparecido.
Otra vez parece simple y nada más que cuestión de información, ofrecer ese servicio al conductor, ya que la infracción implica una de las multas más altas: la primera vez Bs 70, y luego se triplica (Bs 200). Hay quienes dicen que la multa es tan elevada que muchos prefieren arreglar directamente con el señor policía una suma menor, incluso el monto total, para no tener el antecedente que en una próxima oportunidad les obligaría a pagar casi el triple.
Por último, las grampas que inmovilizan a los vehículos estacionados allí donde está prohibido parquear. Una vez más, problema de falta de información. Si se le hace notar al señor oficial de tránsito que no existe ningún letrero que advierta que en esa cuadra está prohibido estacionar, la respuesta es que tres cuadras más atrás o más adelante existe uno de esos letreritos de 35 por 45 centímetros que, sobre un fondo blanco, dice no estacionar. La grampa va acompañada de un papelito con instrucciones: vaya a un banco a pagar la multa, luego a una oficina de Tránsito en la avenida Mariscal Santa Cruz y desde allí se instruirá retirar el inmovilizador. Si uno estima el tiempo de espera en el banco y el de la ida y vuelta hasta el Tránsito, donde hay que mostrar el recibo, es obvio que conviene llegar a un arreglo in situ. ¿No sería más eficiente y menos tentador, aparte de aumentar los carteles de prohibido estacionar, emitir la boleta?
