Al menos 3.000 millones de dólares en desfalcos, más de un centenar de personas involucradas y cerca de 50 políticos de primera línea en la mira son el costo económico y político del caso Petrobras que tiene en vilo a Brasil desde marzo de 2014.
En este caso, el origen del problema tiene un nombre: Alberto Youssef. Este hombre de 42 años y cardiópata, según descripción del diario El País, de España, fue el encargado de organizar el negociado más grande en Brasil con la estatal petrolera Petrobras. Y, finalmente, se convirtió en delator.
Su hoja de vida está manchada por el negocio del lavado de dinero. Fue a partir de este delito que se le hizo un seguimiento y las piezas empezaron a tener un orden cuando compró un coche lujoso en al menos 115.000 dólares a nombre de Paulo Roberto Costa, exdirector de Abastecimiento de la firma brasileña. Éste, a su vez, fue recomendado de un diputado fallecido. Un nombre trajo consigo otro y así se fue armando el caso.
Lo que se venía era una tormenta incontrolable, ya que la primera semana de diciembre el procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, dijo al diario El País: “Todavía ignoro el tamaño de la caja de Pandora de Petrobras”. La Justicia de Brasil empezó a acogotar a Youssef y, éste, aconsejado por su familia, decidió hablar.
Políticos. Los primeros en caer fueron los directivos de la estatal petrolera. Se descabezó a la entidad y a fines de diciembre del año pasado ya se tenía la certeza de quiénes montaron el negocio: gente como Youssef, aunque no se sabía el alcance de los tentáculos.
Luego fueron cayendo los empresarios. “En algún momento alguien escribió esas reglas, como si fuera un campeonato de fútbol, para evitar discusiones entre las empresas del club”, señaló a la Policía uno de los 11 altos ejecutivos de seis compañías constructoras detenidos el 14 de noviembre, de acuerdo con el diario O Estado de Sao Paulo.
El golpe mayor se dio a principios de este mes. Las investigaciones llegaron a 12 senadores, 22 diputados y 12 exdiputados; además de tres gobernadores (dos actuales y uno anterior).
El Partido de los Trabajadores (PT), de Dilma Rousseff y Lula da Silva (anterior mandatario de Brasil), tuvo un remezón porque gente de su círculo de confianza fue señalado por la Fiscalía y la Procuraduría. Se habló de entre 3 y 4 millones de dólares defraudados.
El descontento se popularizó y la semana pasada aproximadamente un millón y medio de personas salió a protestar. Tras las rejas, Youssef continúa detenido y sus abogados temen por su vida. Después de todo, destapó una caja de Pandora llamada Petrobras.
El caso lava jato fue la clave
Comienzo
El caso Petrobras se destapó a partir de la investigación “Operación Lava Jato” (Operación Lavacoches) que fue liderada por Alberto Youssef, actualmente detenido en la cárcel de Curitiba.
Nombre
El nombre está relacionado al sitio donde se pactaba el desvío de dinero y demás corruptelas. También se usaban lavanderías y gasolineras.
Cambios
Marcio Adriano Anselmo fue el comisario que inició la mayor investigación por corrupción de la historia brasileña. Él empezó sus pesquisas junto con otros dos investigadores. En la actualidad la Fiscalía y la Procuraduría están tras el caso.
Dilma Rousseff lanzó medidas anticorrupción
A mediados de semana y en medio de una crisis social y política, la gobernante de Brasil, Dilma Rousseff, presentó su plan anticorrupción.
“Mi compromiso contra la corrupción es coherente con mi vida personal, mi práctica política y mi actuación como presidenta”, dijo Rousseff, para quien el Estado tiene el deber de “investigar y castigar la corrupción de forma rápida y efectiva”.
Una de las medidas anunciadas, que como las otras dependerá de la aprobación del Congreso, va en esa dirección y tipifica como delito penal el ocultamiento de dinero obtenido por los partidos para sus campañas, una práctica que solo es considerada como infracción de tipo electoral y castigada con meras sanciones administrativas.
Otra de las medidas es una ley contra la corrupción referida a las prácticas ilícitas en el ámbito privado, la que endurece las penas para los empresarios que se involucren en delitos contra el erario público. Rousseff indicó que “todos los brasileños”, incluso aquellos que no la respaldan, “saben que la corrupción no fue inventada recientemente”.
