Luis Guillén, abogado de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, señaló este lunes que fueron admitidos los recursos del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), la Fiscalía y víctimas con relación al caso Senkata. Ante ello, dijo que presentaron un recurso de reposición.
“En el proceso de Senkata existe una resolución de incompetencia, en este entender la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal y, en este caso el Código Procesal Civil, establecen que una vez la autoridad judicial se ha declarado incompetente, no se puede realizar un solo acto más. Es por eso que, en un inicio, cuando este tribunal (Cuarto de Sentencia Penal de El Alto) emitió la resolución correctamente, remitió los antecedentes al juzgado de instrucción. El juzgado de instrucción que se cree competente, en todo caso inhabilita a este tribunal a poder realizar cualquier acto que correspondiere dentro de este proceso”.
Agregó que ello implica que este tribunal de sentencia no es el encargado de tramitar o remitir los recursos a una sala judicial.
El 30 de octubre, el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de El Alto se declaró incompetente para juzgar a Áñez por el caso Senkata en la vía ordinaria, al considerar que fue reconocida como presidenta por todos los órganos del Estado y le correspondería un juicio de responsabilidades.
“Si bien, la forma de asumir la Presidencia del Estado Plurinacional del Estado por Jeanine Áñez es cuestionada, lo cierto es que los bolivianos hemos terminado aceptando la referida gestión presidencial dando pleno consentimiento a las disposiciones esenciales emanadas de la referida autoridad del Órgano Ejecutivo; no solamente como ciudadanos, sino también los órganos del Estado, como el Legislativo, Judicial, Electoral, así como el Tribunal Constitucional y el propio Órgano Ejecutivo”, dice la resolución.
La Fiscalía acusó formalmente a Áñez de genocidio por su rol en las masacres de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, en las que murieron 20 personas, y pidió una condena de 30 años de prisión.
La exmandataria es apuntada por la promulgación del decreto 4078, a tres días de asumir el poder, que eximió de responsabilidad penal a los militares que participen en operativos con la Policía para “restablecer el orden”.
La imputación alcanza también a sus exministros Arturo Murillo (Gobierno), Luis Fernando López (Defensa) y Víctor Hugo Zamora (Hidrocarburos). Además de los mandos altos de la Policía y las Fuerzas Armadas en su mandato transitorio.
El 10 de noviembre de 2019, Evo Morales renunciaba a la presidencia en medio de denuncias de fraude electoral, una ola de protestas cívicas lideradas por el entonces dirigente cruceño Luis Fernando Camacho, un motín policial y la presión de los militares.
Dos días después, la entonces senadora opositora Áñez se proclamó mandataria en una sesión legislativa sin quórum y vulnerando el reglamento de debates del Senado, tal como señaló la Fiscalía. Por ello, fue sentenciada en primera instancia a 10 años de cárcel, en el caso Golpe de Estado II.
